Indagatoria fijada para el 3 de marzo en Comodoro Py
NewsITe
La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria al ex titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y actual jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, en una causa por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina. La audiencia fue fijada para el 3 de marzo en los tribunales federales de Comodoro Py.
La investigación se tramita bajo el expediente CFP 1837/2024, caratulado “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir de un requerimiento impulsado por la Fiscalía Federal N° 12, a cargo de la fiscal María Alejandra Mangano. La pesquisa se centra en el presunto uso irregular del régimen de crédito fiscal previsto para el financiamiento de proyectos educativos.
Además de Sánchez Zinny, fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante por hechos ocurridos entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, período en que se desempeñaban en el INET y en el entonces Ministerio de Educación y Deportes. Los investigadores sospechan que, desde esos cargos, se habrían concretado contrataciones que no cumplían con los requisitos de la normativa de compras y contrataciones del Estado nacional.
De acuerdo con la imputación fiscal, los funcionarios utilizaron el régimen de crédito fiscal para canalizar contrataciones que no podían realizarse de forma directa debido a supuestos vínculos familiares y personales con integrantes de las firmas beneficiadas. La maniobra se habría instrumentado mediante la emisión de certificados de crédito fiscal a favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos, en el marco de la Ley 22.317.
Cómo habría sido la maniobra investigada
Según la hipótesis de la fiscalía, los fondos asociados a esos certificados no se destinaron a actividades educativas, sino al pago de servicios de consultoría y publicidad privada que no respondían a los fines previstos por la norma. En los tres casos concretos analizados, el dinero que dejó de ingresar al Estado se habría canalizado hacia las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL.
La investigación consigna que los servicios contratados presentan diversas irregularidades, entre ellas baja calidad en las prestaciones, inconsistencias en las fechas, deficiencias en la documentación de respaldo y falta de evidencia suficiente sobre la efectiva realización de las tareas facturadas. Esos elementos, a criterio de la fiscal, refuerzan el cuadro de sospecha sobre un posible uso desviado del régimen de crédito fiscal.
El perjuicio económico acreditado preliminarmente fue estimado en $2.854.405, monto que, actualizado mediante la tasa activa del Banco Nación, ascendería a $16.515.389,42. Por su parte, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA llegó a $7.000.000, cifra que, actualizada, representaría alrededor de $40.501.514,67.
Fundamentos de la citación y pasos a seguir
De acuerdo al requerimiento fiscal, la operatoria se apoyó en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de “expedientes especiales” que no fueron volcados en los sistemas informáticos habituales del organismo. Esa vía paralela de gestión administrativa es considerada un indicio relevante por los investigadores, dado que habría permitido sortear controles y registros internos.
Entre las principales evidencias valoradas por la fiscalía se encuentran documentación remitida por la Oficina Anticorrupción, expedientes administrativos internos del INET y registros de la operatoria con los créditos fiscales. Con ese material, la fiscal Mangano consideró que se cumple el estándar de sospecha necesario para la convocatoria a indagatoria de los ex funcionarios involucrados.
Los imputados deberán responder por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, aunque no se descarta que el avance de la causa derive en nuevas o diferentes calificaciones penales. Tras las indagatorias, la jueza Capuchetti deberá resolver la situación procesal de cada uno de los acusados, lo que podría incluir desde el dictado de falta de mérito hasta procesamientos con o sin prisión preventiva.
Con este paso, la investigación ingresa en una etapa clave para determinar si existió un uso indebido del régimen de crédito fiscal y si se configuró un esquema de desvío de fondos públicos en perjuicio del Estado nacional, con la participación de funcionarios y empresas privadas.
