Chile acelera la construcción de su “Escudo Fronterizo” en el norte

NewsITe
El gobierno de Chile informó que ya se completó el 40% de la zanja de contención que se construye en la frontera con Perú y Bolivia, una obra que forma parte del denominado “Escudo Fronterizo” y que apunta a frenar la migración irregular y el contrabando en el extremo norte del país. Según los datos oficiales, se superaron los 3.000 metros de excavación a solo un mes del inicio de los trabajos.
La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, supervisó las tareas junto a representantes del Ejército y del Ministerio de Obras Públicas en la zona de Arica, cerca del Complejo Fronterizo Chacalluta. Allí destacó que el plan combina infraestructura física, tecnología de vigilancia y refuerzo militar con el objetivo de “enfrentar al crimen organizado y ordenar el ingreso” al territorio chileno.
El “Escudo Fronterizo” fue una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast y se inscribe en la tendencia regional de endurecer los controles migratorios. La medida se produce en un contexto de fuerte flujo de personas que intentan cruzar por pasos no habilitados, así como de creciente preocupación por delitos vinculados al tráfico de drogas, trata de personas y contrabando de mercaderías.
Cómo es la infraestructura del Escudo Fronterizo
El plan contempla una combinación de muros, zanjas, cercos electrificados y dispositivos tecnológicos de control que buscan cerrar los principales corredores de ingreso irregular. El diseño toma como referencia barreras físicas utilizadas en otros puntos de conflicto a nivel internacional.
- Muros y vallas de seguridad: estructuras de hasta 5 metros de altura, similares a las de Israel y Hungría, equipadas con sensores de movimiento y monitoreo mediante drones, especialmente en zonas cercanas a pasos oficiales y pasos clandestinos inhabilitados.
- Zanjas de contención: excavaciones de 3 metros de profundidad en áreas de alto tránsito migratorio, con la finalidad de impedir el paso de vehículos y caravanas organizadas.
- Cercos electrificados: perímetros con energía y patrullaje permanente de Fuerzas Armadas y Carabineros, diseñados para disuadir intentos de cruce.
- Torres y radares: puestos de vigilancia elevados y radares térmicos para detectar movimientos sospechosos en horario nocturno o en condiciones climáticas adversas.
- Drones autónomos: equipos con cámaras de reconocimiento facial, sensores infrarrojos y térmicos, operativos las 24 horas para seguimiento en tiempo real.
Además, se definirá una franja de exclusión de 10 kilómetros a lo largo de la frontera, donde cualquier persona que sea detectada sin documentación será detenida y sometida a un procedimiento expeditivo de expulsión, de acuerdo con el esquema anunciado por las autoridades.
Control militar y medidas de seguridad en la frontera
Otro pilar clave del Escudo Fronterizo es el rol central de las Fuerzas Armadas y de Orden. El gobierno chileno prevé desplegar unos 3.000 efectivos en turnos rotativos, quienes asumirán el control directo de la frontera norte. Los militares contarán con facultades para detener, reconducir y expulsar a extranjeros que crucen por pasos no habilitados.
El accionar de estas fuerzas será respaldado por la Justicia Militar, lo que, según la administración de Kast, apunta a dar mayor rapidez y cobertura legal a las operaciones en terreno. También se aplicarán protocolos específicos para quienes intenten ingresar de manera violenta o se nieguen a acatar las órdenes de la autoridad, que podrán ser reducidos mediante procedimientos previamente establecidos.
“Chile dejará de ser una ruta fácil de ingreso irregular”, afirmó la ministra Mara Sedini al verificar el avance de las obras en Arica.
El proyecto abre debates internos sobre el equilibrio entre seguridad fronteriza, derechos humanos de las personas migrantes y obligaciones internacionales de protección. Mientras el gobierno destaca la necesidad de blindar el norte frente al crimen organizado, organizaciones sociales y especialistas advierten sobre el riesgo de mayor vulnerabilidad para quienes huyen de crisis humanitarias en la región.

