Tras la decisión de la Corte Suprema de convalidar la derogación de los límites a la compra de campos por parte de extranjeros, la CGT emitió un duro comunicado. Denuncian extranjerización, exigen frenar el DNU 70/2023 en el Congreso y advierten por el impacto en la producción.
La Confederación General del Trabajo expresó un contundente rechazo a la reciente resolución de la Corte Suprema. Dicho fallo mantiene vigente la derogación de la Ley de Tierras. Por medio de un comunicado oficial, la central advirtió que la medida judicial atenta contra la soberanía nacional. Además, desoye la voluntad popular reflejada al sancionar la norma.
El triunvirato integrado por Cristian Jerónimo, José Sola y Octavio Argüello señaló otro punto clave. Sostuvieron que el pronunciamiento abre la puerta a la extranjerización del territorio. Para el movimiento obrero, la tierra no representa una simple mercancía. Al contrario, constituye un recurso estratégico vinculado directamente a la producción y al trabajo.
Tensiones legislativas, antecedentes y el rol de UATRE
El debate sobre la propiedad rural cobró fuerza este año en el Congreso. Ocurrió durante la discusión del proyecto sobre propiedad privada y del DNU 70/2023. En ese escenario, la CGT protestó contra la flexibilización de los topes de adquisición. El rechazo apuntó sobre todo a las áreas sensibles ricas en recursos naturales.
Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales emitió una fuerte advertencia. Indicó que eliminar el tope del 15 por ciento facilitaría maniobras especulativas. También provocaría un encarecimiento marcado del suelo productivo. Aquellas presiones lograron en su momento que el oficialismo retirara el capítulo del proyecto original.
Un nuevo escenario judicial y el reclamo al Congreso
Pese a aquellos antecedentes, el reciente fallo adverso altera el panorama político. Desde la central obrera sostienen que la resolución profundiza un modelo de desregulación. Implica además la pérdida de instrumentos estatales para controlar el territorio.
“Exigimos a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023 porque la soberanía no se negocia”, concluyó el comunicado. De este modo, la propiedad de la tierra regresa al centro de la agenda pública. Diversos sectores reclaman un marco regulatorio protector de los recursos naturales.
