Un fallo dictado durante la pandemia habilitó el uso de teléfonos en cárceles bonaerenses y, seis años después, fiscales y jueces alertan sobre delitos organizados desde las celdas. El caso de un soldado de 21 años expuso el impacto de una modalidad que sigue sin control.
De la redacción de EL NORTE
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Un fallo que nació en pandemia habilitó el uso de teléfonos en cárceles bonaerenses. Seis años después, fiscales y jueces advierten de que desde las celdas se extorsiona, se estafa y hasta se ordenan delitos graves. El caso de un soldado de 21 años expone el costo humano de un sistema que no logra controlarse.
Las cárceles deberían ser el límite. El punto donde el delito se detiene. Pero en la provincia de Buenos Aires, ese límite parece cada vez más difuso.
Detrás de los muros, en pabellones donde conviven miles de detenidos, hay otra realidad que creció en silencio: celulares encendidos, conexiones activas y, con eso, una nueva forma de delinquir que no necesita salir a la calle.
“En las diferentes celdas incautamos teléfonos obtenidos legalmente y otros no”, asegura el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari.
“Sobre esos teléfonos trabajamos en dos esquemas. En primer lugar, maniobras del sesgo estafatorio en las cuales los imputados privados de su libertad se hacen pasar por personas pertenecientes a empresas”, agrega el fiscal Ferrari.
Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. “El listado de lugares en donde está permitido el uso de teléfonos celulares es cortísimo. Es solo en la provincia de Buenos Aires”, asegura Miguel Perrota, extitular del Servicio Penitenciario Federal.
El caso que expuso el problema
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años. Era formoseño y cumplía funciones como soldado en la Quinta Presidencial de Olivos. El 16 de diciembre de 2025 fue hallado muerto.
La investigación reconstruyó una secuencia previa marcada por el miedo: había sido víctima de una extorsión sexual. Del otro lado, quienes lo contactaban aseguraban ser autoridades y lo amenazaban con iniciar una causa en su contra. Para evitarlo, le exigían dinero.
Según la causa, realizó al menos cuatro pagos por un total cercano a 1,4 millones de pesos.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado determinó que la maniobra había sido ejecutada por internos alojados en el penal de Magdalena.
“Este caso demuestra con claridad cómo desde una cárcel se puede cometer un delito grave hacia el exterior”, sostuvo la magistrada. Y fue más allá al poner el foco en el rol de la tecnología: “Sin celulares, esta extorsión no hubiera sido posible en estos términos”.
Un permiso que nació en pandemia
El origen del problema tiene una fecha precisa: 30 de marzo de 2020. En plena pandemia de COVID-19, el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó el uso de teléfonos celulares en cárceles con un argumento humanitario: evitar el aislamiento extremo de los detenidos. Era, en teoría, una medida excepcional. Pero en la práctica, el uso de celulares se extendió mucho más allá de ese contexto.
Para entonces, el problema ya existía: miles de dispositivos eran incautados en requisas incluso antes del fallo.
La diferencia es que, desde ese momento, el uso dejó de ser marginal para convertirse en estructural.
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El negocio
El extitular del Servicio Penitenciario Federal, Miguel Perrotta, mostró dispositivos de tamaño reducido que ingresan de forma clandestina. “Son equipos muy chicos, fáciles de esconder”, explicó. Además, reveló el trasfondo económico: introducir un celular en una cárcel cuesta dinero, ya que hay toda una economía alrededor de esto.
“Meter un celular en una cárcel común cuesta entre 1 y 2 millones de pesos. Hacerlo en una cárcel de máxima seguridad puede costar hasta USD 10.000”.
Para Arroyo Salgado, el problema tiene solución, pero requiere decisiones concretas. “En el ámbito provincial es decisión del ministro de Justicia Juan Martín Mena hacer cesar esta situación que no tiene respaldo normativo ni jurisprudencial. Porque la pandemia terminó y el uso de celulares indiscriminados continúa desde las cárceles bonaerenses”.
“Por eso, desde la investigación de la muerte del soldado Gómez cursé una comunicación al ministro Mena para que tome esta decisión”.
