Tal como publicara este diario, el bloque passaglista impulsó una iniciativa en la Legislatura para evitar el uso de los dispositivos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Sostienen que la medida es necesaria para cortar la cadena de delitos organizados desde el interior de las cárceles y proteger a la población de nuevas modalidades de fraude.
De la redacción de EL NORTE
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Como publicara EL NORTE, el bloque de HECHOS presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir los celulares en todas las cárceles que estén ubicadas en territorio bonaerense. La iniciativa entró en ambas cámaras y buscarán tratarla en las próximas semanas.
La intención es volver atrás con una normativa que se impuso durante la pandemia por Covid-19 en la que se permitió que los presos pudieran tener dispositivos para mantener la comunicación con sus familias, producto de la imposibilidad de recibir visitas por las medidas restrictivas.
El proyecto impulsado propone prohibir el ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria se prolongó más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias.
Desde el bloque de HECHOS se remarcó que el Estado no puede permitir que quienes están privados de libertad continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas. Insistieron en que el sistema penitenciario debe funcionar bajo reglas claras, con un control efectivo y en resguardo de la seguridad de los bonaerenses. Los impulsores sostienen que la medida es necesaria para cortar la cadena de delitos organizados desde el interior de las cárceles y proteger a la población de nuevas modalidades de fraude.
El debate sobre la restricción de celulares en las cárceles de Buenos Aires se reabrió a partir del aumento de casos de estafas y amenazas telefónicas originadas en las unidades penitenciarias.
