CELS cuestiona el cierre de la causa por espionaje a periodistas
NewsITe
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apeló ante la Cámara Federal el sobreseimiento de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a periodistas, sindicalistas y dirigentes sociales durante la organización de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2017 y la del G20 de 2018 en Buenos Aires.
La presentación cuestiona la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Federal N° 8, quien decidió cerrar el expediente para los ex funcionarios y para los ex directivos de la AFI Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi, al considerar que las tareas de inteligencia estaban justificadas por razones de seguridad nacional, en función de la magnitud y sensibilidad de aquellos eventos internacionales.
Para el organismo de derechos humanos, la decisión judicial es “prematura” y genera “un gravamen irreparable”, ya que implica poner fin a la acción penal y pronunciarse de hecho sobre el fondo del litigio sin agotar previamente la producción de prueba. En su recurso, el CELS sostiene que el magistrado realizó “una valoración irrazonable de los hechos y de los elementos de prueba” e interpretó de manera errónea las conductas atribuidas a los ex jefes de la AFI.
Críticas al uso del contexto de seguridad del G20 y la OMC
El CELS remarca que el juez utilizó el contexto de seguridad de las cumbres de la OMC y del G20 como argumento central para convalidar la actuación de la AFI, pero que en el expediente no hay elementos concretos que acrediten que las personas vigiladas representaran un riesgo real para esos encuentros. Según el organismo, la resolución se basó en búsquedas “superficiales” en internet sobre episodios ocurridos en otros países y en otros momentos históricos, sin vinculación directa con la situación argentina de entonces.
En ese marco, la apelación sostiene que, en lugar de apoyarse en referencias genéricas, el juzgado “hubiera debido producir prueba fehaciente, concreta y certera” sobre el estado de situación en la Argentina al momento de las cumbres, así como precisar cuál era la hipótesis de conflicto que habría motivado la vigilancia sobre periodistas, militantes y referentes sociales.
Señalamientos sobre el accionar de la AFI y pedidos de nueva prueba
Otro de los puntos fuertes del planteo se vincula con el modo en que la AFI recopiló información sobre los investigados. El CELS hace referencia a la mención de “fuentes propias” en una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) realizada en el Hotel Bauen, lo que podría implicar –interpretan– la utilización de informantes infiltrados en un encuentro partidario, una práctica que la legislación en materia de inteligencia restringe severamente frente a la actividad política y sindical.
Respecto del rol de Martínez de Giorgi, la organización subraya que al momento del sobreseimiento aún quedaban pendientes pedidos de llamado a indagatoria que no fueron tratados en la resolución. Por eso, solicita que se convoque a declarar como testigos a María del Carmen González, Gastón Schulmeister, Carlos Federico Guillermo Becker Fioretti y Claudio Ricardo Gutiérrez, todos vinculados a la organización local de la OMC y el G20, con el objetivo de esclarecer cómo se diseñaron los operativos de seguridad y qué conocimiento había sobre el seguimiento a periodistas y activistas.
Pedido de apartamiento del juez y debate sobre los límites de la inteligencia
- El CELS reclama que la Cámara revoque los sobreseimientos y ordene continuar la investigación.
- Además, solicita el apartamiento de Martínez de Giorgi por presunta falta de imparcialidad.
La presentación también plantea que, si la Cámara hace lugar al recurso, evalúe el desplazamiento del magistrado por “temor fundado” de que ya tenga una posición tomada sobre el fondo del caso. El expediente se suma a otros procesos judiciales que indagan el rol de la AFI durante la gestión anterior y reabre el debate sobre los límites democráticos de las tareas de inteligencia y la protección de periodistas y actores sociales frente a eventuales prácticas de vigilancia indebida.
Para el CELS, el uso de argumentos genéricos de seguridad internacional no puede justificar tareas de inteligencia interna sobre periodistas y referentes sociales sin pruebas concretas y control judicial estricto.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá resolver si confirma el criterio de Martínez de Giorgi o si ordena reabrir la pesquisa, profundizar la producción de prueba y revisar el alcance de las responsabilidades de los ex jefes de la AFI en el presunto espionaje ilegal durante las cumbres de la OMC y el G20.
