Golpe al cibercrimen financiero en Capital y el Conurbano
Tras una serie de diez allanamientos realizados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano, la Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres acusados de integrar una organización dedicada a estafas virtuales mediante el uso de criptomonedas y cuevas financieras. Los procedimientos se suman a un primer operativo concretado el mes pasado, en el que se había desarticulado la estructura central de la banda.
De acuerdo con fuentes policiales, la investigación comenzó en 2023 a partir de la denuncia de una mujer en Puerto Madryn, Chubut, quien aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos con la promesa de obtener importantes ganancias en un breve plazo. Tras ver supuestos resultados positivos durante el primer mes, nunca volvió a recuperar el resto del dinero invertido.
A partir de esa presentación, tomó intervención la Justicia y se abrió una causa por estafas reiteradas. En un primer tramo de la investigación se llevaron a cabo 21 allanamientos que permitieron desarticular el núcleo principal de la organización, integrada por dos familias con funciones bien definidas. En ese momento se secuestraron más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y unos 80.000 en activos digitales—, además de vehículos y numerosos dispositivos electrónicos.
Con esos elementos se imputó a ocho personas vinculadas con las familias investigadas y se detuvo a otro sospechoso que ya registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja. Lejos de darse por concluida, la pesquisa avanzó para identificar a más partícipes y trazar el recorrido del dinero obtenido de manera ilícita.
Allanamientos en cadena y tecnología al servicio de la estafa
En la fase más reciente de la causa intervinieron la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales, que trabajaron en forma coordinada con la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut.
Por orden del fiscal general Fernando Rivarola, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, y con intervención de los Juzgados de Garantías N° 4 de Morón y N° 4 de La Matanza, se dispusieron diez nuevos allanamientos. Ocho de ellos se realizaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Los dos restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.
Durante los procedimientos se identificó a 19 personas y se detuvo a tres sospechosos señalados como responsables directos de las maniobras de estafa. Además, se secuestraron 24 teléfonos celulares, 5 CPU, 4 notebooks, un disco rígido, una tarjeta de memoria, tarjetas bancarias, un ticket de depósito y 6.036 dólares estadounidenses, elementos que serán analizados para reconstruir el circuito del dinero y el contacto con las víctimas.
Cómo operaba la organización: promesas, apps falsas y sociedades fantasma
Según la investigación, los imputados ofrecían tentadoras oportunidades de inversión en supuestas sociedades fantasma y en empresas que afirmaban cotizar en la Bolsa. Prometían rentabilidades rápidas y elevadas, apelando al atractivo de las criptomonedas y del mercado financiero para captar ahorristas sin experiencia.
- Simulaban operaciones bursátiles y en criptomonedas a través de una aplicación ficticia.
- Mostraban a las víctimas falsos movimientos y ganancias de sus inversiones.
- Justificaban la imposibilidad de devolver el dinero con supuestas restricciones del Banco Central.
Las víctimas podían ver en una app creada por la banda movimientos financieros que nunca existieron. Todo formaba parte de un ardid para ganar tiempo y seguir captando fondos.
La banda desarrolló una aplicación que aparentaba ser una plataforma financiera legítima, donde los damnificados veían en pantalla movimientos de compra de acciones, operaciones con criptomonedas y supuestas ganancias. Sin embargo, se trataba de datos ficticios diseñados para dar verosimilitud al engaño y evitar que los inversores intentaran retirar sus fondos de inmediato.
Cuando las víctimas reclamaban la devolución de su dinero, los responsables alegaban que, debido a “restricciones administrativas del Banco Central”, no podían efectuar transferencias ni movimientos de fondos. Con esa excusa, prolongaban la maniobra y, en muchos casos, lograban que los damnificados reinvirtieran o aportaran aún más capital.
Con las nuevas detenciones y el material incautado, la Justicia buscará identificar a otros posibles involucrados y determinar la cantidad total de afectados, así como el monto final de las estafas. La causa, que combina delitos económicos y cibercrimen, vuelve a encender alertas sobre los riesgos de invertir sin asesoramiento y a través de canales informales o plataformas no registradas.
