Velasco inició alegatos en el juicio por Sueños Compartidos
NewsITe
El fiscal federal Diego Velasco abrió este lunes sus alegatos en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y adelantó que reclamará condenas para todos los imputados. Según sostuvo ante el Tribunal Oral Federal N° 5, los acusados montaron un “esquema criminal” para desviar cientos de millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.
De acuerdo con la acusación, entre 2008 y 2011 se habrían desviado alrededor de 206 millones de pesos, sobre un total de 900 millones asignados durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ese dinero estaba dirigido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para financiar el programa habitacional Sueños Compartidos, que se presentaba como una iniciativa social destinada a sectores vulnerables.
Velasco describió que “nada era gratis, todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, al remarcar que la estructura armada alrededor de la fundación se habría utilizado para eludir controles estatales y justificar la salida irregular de fondos públicos. La fiscalía también remarcó la existencia de beneficios indebidos a los administradores, cambios injustificados en los proyectos de obra y prórrogas ilícitas de los plazos de ejecución.
Los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quienes estuvieron presentes en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. También se juzga al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que participa por videoconferencia debido a que cumple prisión domiciliaria, y al ex secretario de Obras Públicas, José López, que sigue el debate en forma virtual desde el penal de Ezeiza.
Funcionarios y ex funcionarios en el banquillo
Además de los principales implicados, el proceso alcanza a otros ex funcionarios nacionales: el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y los imputados Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Todos enfrentan cargos vinculados con la presunta administración fraudulenta de fondos públicos y la ejecución irregular de obras de vivienda.
El juicio oral comenzó en marzo de este año y está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. El cronograma avanza con ritmo sostenido, ya que la causa corre riesgo de prescribir en septiembre, lo que añade presión a las partes para llegar a una sentencia antes de esa fecha límite.
Tras la exposición de la fiscalía, el debate continuará con los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en representación del Estado. Luego será el turno de las defensas, que buscarán desacreditar la hipótesis de desvío sistemático de fondos y plantear la responsabilidad de los organismos de control y de los distintos escalones de la administración pública.
Desvío de fondos y presuntas irregularidades en las obras
- El caso investiga el presunto desvío de más de 206 millones de pesos destinados a viviendas sociales.
- Se cuestionan sobreprecios en las obras, modificaciones sin justificar y tareas adjudicadas sin licitación.
- La Fundación Madres de Plaza de Mayo habría sido utilizada como pantalla para sortear controles administrativos.
- El período bajo análisis se extiende, con distintas ramificaciones, entre 2005 y 2011.
“Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, afirmó el fiscal Diego Velasco al describir el presunto esquema criminal.
La causa Sueños Compartidos se transformó en uno de los expedientes emblemáticos sobre el uso de fondos públicos para programas sociales y su eventual desvío hacia estructuras paralelas, sin los controles debidos. La sentencia que dicte el Tribunal Oral Federal N° 5 será clave para determinar el grado de responsabilidad de los ex funcionarios y administradores involucrados, y para definir si existió, como sostiene la fiscalía, un circuito de corrupción montado bajo la cobertura de una histórica organización de derechos humanos.
