Causa Andis: peritarán audios que nombran a Karina Milei

La Justicia avanza sobre los audios clave del caso Andis

Sede judicial vinculada a la causa Andis

NewsITe

En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Justicia federal ordenó un peritaje oficial sobre los audios que mencionan el cobro de supuestas coimas vinculadas a la compra de medicamentos de alto costo. En las grabaciones, difundidas en el canal de streaming Carnaval, se habla de retornos de alrededor del 3% en contrataciones públicas y se menciona a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del oficialismo.

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La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien actualmente subroga el juzgado que ocupaba Sebastián Casanello. El magistrado encomendó a la Gendarmería Nacional un estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y origen del material. El resultado será clave para definir el peso probatorio de las grabaciones dentro del expediente.

El principal imputado en la causa, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, sostiene que los audios son falsos o fueron manipulados. Su defensa busca demostrar que se trata de un montaje armado con fragmentos de diálogos tomados en distintos contextos, incluso en ámbitos públicos, combinados con partes de conversaciones telefónicas.

La ofensiva de la defensa y el rol de los peritos

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó una estrategia técnica centrada en desacreditar el material sonoro. Para ello designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok, quien entregó un pliego de diez puntos para auditar la cadena de custodia, revisar si hubo ediciones y detectar eventuales saltos temporales.

En el expediente ya figura un informe privado elaborado en España, aportado por la defensa, que sostiene que existiría un 65% de probabilidad de que los audios hayan sido manipulados mediante herramientas de Inteligencia Artificial. Sobre esa base, la defensa pretende cuestionar su validez jurídica y pedir la nulidad de las actuaciones que se apoyan en ese material.

  • La Gendarmería realizará el peritaje oficial sobre los archivos digitales.
  • El fiscal Franco Picardi sumó a cinco especialistas de la Datip para controlar la medida.
  • Empresarios y laboratorios involucrados también designaron peritos propios.

Red de sobreprecios, desvío de fondos y situación procesal

Aunque los audios se convirtieron en el foco mediático del caso, fuentes judiciales remarcan que el expediente no se sostiene únicamente en esas grabaciones. La investigación incluye documentación, registros electrónicos y otros elementos independientes que apuntan a una presunta estructura cartelizada dentro de la Andis.

Spagnuolo ya fue procesado sin prisión preventiva por asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, con un embargo cercano a los 202.000 millones de pesos. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe un esquema de direccionamiento de licitaciones con sobreprecios millonarios, tanto en medicamentos complejos como en insumos básicos, como andadores y equipamientos ortopédicos.

Hasta ahora, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las conversaciones difundidas. Sin embargo, los investigadores profundizan sobre los presuntos circuitos de lavado de dinero que habrían servido para canalizar los fondos desviados. En ese contexto, el empresario Alan Pocoví fue citado a indagatoria, sospechado de mover grandes sumas en divisas y utilizarlas para la compra de criptomonedas, que podrían haber funcionado como vehículo para blanquear el dinero delictivo.

La pericia sobre los audios será determinante para definir si las conversaciones difundidas pueden sostenerse como prueba o si, como sostiene la defensa, se trata de un montaje sin valor jurídico.

Con el avance del análisis técnico y nuevas declaraciones indagatorias en agenda, la causa Andis se consolida como uno de los expedientes más sensibles del fuero federal, por el volumen de fondos investigados y por las derivaciones políticas que podría tener.

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