Rafecas procesó a ocho acusados y la causa AMIA avanza al juicio en ausencia
NewsITe
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su presunta participación en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires. La resolución incluye embargos por 500 millones de dólares para cada uno de los imputados y se apoya en el nuevo régimen de juicio en ausencia.
La medida se enmarca en la ley 27.784, normativa que habilita el avance de los procesos penales aun cuando los acusados se encuentran prófugos en el extranjero. El fallo, de más de 600 páginas, reconstruye la planificación del ataque y detalla el rol que habrían tenido las máximas autoridades del régimen iraní y la organización Hezbollah en la decisión y ejecución del atentado.
De acuerdo con la investigación, la decisión de llevar adelante el ataque habría sido adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del gobierno iraní, que delegó la operación en Hezbollah. Desde allí se habría articulado una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera, zona históricamente señalada por organismos de inteligencia como un enclave de financiamiento y logística de grupos extremistas.
Quiénes son los procesados en la causa
Rafecas atribuyó responsabilidades como autores mediatos a cuatro ex altos funcionarios del régimen iraní: Ali Fallahijan, ministro de Inteligencia al momento de los hechos; Ali Velayati, entonces canciller; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien encabezaba la fuerza Al Quds. Según la resolución, desde esos cargos habrían intervenido en la decisión estratégica de atacar un objetivo judío en la Argentina.
En carácter de cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Buenos Aires; Mohsen Rabbani, que se desempeñaba como consejero cultural de esa sede diplomática, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Para la Justicia, estos actores habrían facilitado la inserción local de la operación.
También fue procesado el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, conocido como Samuel El Reda, integrante de Hezbollah, a quien el magistrado considera responsable de coordinar la etapa final del atentado desde la región.
Reconstrucción del atentado y calificación legal
Según la resolución, el 10 de julio de 1994 los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic que fue acondicionada y cargada con aproximadamente 300 kilos de explosivos, entre amonal y TNT. Ese vehículo habría sido utilizado el 18 de julio para detonar frente a la sede de la AMIA, en Pasteur 633, provocando 85 muertes, 151 heridos y daños materiales de enorme magnitud en el barrio de Once.
Los hechos fueron encuadrados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. En una decisión de fuerte impacto jurídico y simbólico, Rafecas consideró además el atentado como un crimen de lesa humanidad y lo encuadró en la figura de genocidio conforme al Derecho internacional.
Situación procesal y próximos pasos
- El juez dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, al entender que las pruebas actuales no alcanzan para procesarlos.
- No se avanzó sobre el líder supremo iraní Alí Khamenei, el jefe militar de Hezbollah Imad Mughniyeh ni Ali Hussein Abdallah, debido a que, según la causa, fallecieron en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.
- La resolución es apelable por la Defensa Oficial y deberá ser revisada por instancias superiores.
Si el fallo queda firme, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia un juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia, una herramienta excepcional que busca evitar la impunidad frente a delitos de extrema gravedad.
El avance de esta resolución se inscribe en una larga y compleja investigación que se extiende por más de tres décadas y que ha atravesado cambios de jueces, cuestionamientos políticos y reclamos permanentes de las víctimas y de la comunidad judía para que se identifique y condene a los responsables del atentado más grave de la historia argentina.
