Demandan que Argentina detalle el destino de sus reservas de oro
NewsITe
Los beneficiarios del histórico fallo por la expropiación de YPF volvieron a presionar en la Justicia de Estados Unidos y reclamaron que se obligue al Estado argentino a informar, con precisión, dónde se encuentran sus reservas de oro, en qué cuentas están depositadas y qué movimientos registraron en los últimos meses.
El planteo fue presentado ante la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta A. Preska, en el marco de la ejecución de la sentencia por unos US$ 16.100 millones contra la Argentina. Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que el Gobierno lleva adelante una estrategia de ocultamiento de activos para evitar o dilatar el cumplimiento del fallo dictado por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Según surge de una carta fechada el 21 de enero de 2026, redactada por el estudio de abogados Levine Lee LLP y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los demandantes acusan al país de incumplir órdenes judiciales emitidas en agosto de 2025 vinculadas al proceso de descubrimiento de bienes embargables.
Críticas por la designación de un testigo “no calificado”
Uno de los puntos centrales de la queja es la designación, por parte del Estado argentino, de un testigo que –según los litigantes– fue presentado “deliberadamente no preparado” para responder sobre el patrimonio nacional y, en particular, sobre las reservas de oro. Para los fondos, esta decisión “equivale a una falta de comparecencia” y forma parte de una conducta obstruccionista.
En el escrito, los abogados afirman que el incumplimiento de la Argentina en producir un testigo calificado se enmarca en una estrategia para evadir la ejecución de la sentencia, “incluyendo la ocultación de más de US$ 1.000 millones en reservas de oro”. Subrayan, además, que el perjuicio económico se agrava por el contexto internacional, dado que el precio del metal alcanzó máximos históricos.
Señalamientos a Caputo y al Banco Central
Los demandantes sostienen que existen funcionarios de alto rango con acceso directo a la información requerida. En particular, mencionan al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señalan como conocedor de los movimientos de los activos y describen como el “jefe” de Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el texto presentado, ambos mantienen “contacto continuo vía grupo de chat”, lo que refuerza –para los litigantes– la idea de que la información está disponible y que su omisión no es casual.
El planteo también recuerda que otros organismos públicos, como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN), tendrían autoridad legal para acceder a datos sobre el transporte y la custodia de las reservas de oro, por lo que exigen que se utilicen esas facultades para cumplir con las órdenes judiciales de Estados Unidos.
Reclamos concretos ante la jueza Preska
En este nuevo capítulo del caso YPF, los beneficiarios del fallo pidieron a la jueza Preska que ordene a la República Argentina presentar de inmediato una declaración jurada identificando la localización precisa del oro, los movimientos realizados y las cuentas en las que se encuentra depositado.
- Detalle de la ubicación física de las reservas de oro.
- Información sobre cuentas, entidades financieras y movimientos recientes.
- Posibilidad de citar a declarar a funcionarios con conocimiento directo, como Luis Caputo.
- Pago de los “honorarios razonables de abogados” por la supuesta conducta obstructiva del Estado.
“El incumplimiento de la República es grave y continuo, y agrava el daño económico dado el máximo histórico del precio del oro”, sostuvieron los abogados de los demandantes en la presentación judicial.
Como alternativa, en caso de que el Gobierno alegue no tener acceso a la información del Banco Central, los demandantes pidieron la realización de una audiencia probatoria con testigos especializados, incluyendo a Caputo y otros funcionarios. La decisión que adopte la magistrada será clave para determinar qué activos argentinos podrían quedar expuestos a eventuales embargos en el marco de la millonaria sentencia por la expropiación de YPF.
