Caso Propofol: piden reforzar la trazabilidad de fármacos críticos
NewsITe
En el marco de la conmoción generada por el denominado “Caso Propofol”, especialistas en emergentología y rescate volvieron a encender las alarmas sobre el uso indebido de fármacos anestésicos y analgésicos potentes, así como sobre las fallas estructurales en los sistemas de control dentro de hospitales y clínicas del país.
El eje de la discusión pasa por la trazabilidad de medicamentos como el propofol y el fentanilo, dos drogas de uso estrictamente profesional que, fuera de un entorno controlado, pueden transformarse en sustancias de altísimo riesgo, tanto para el personal de salud como para la población en general.
El emergentólogo y rescatista Eduardo Arellano explicó que el propofol es un sedante anestésico de uso habitual en cirugías, procedimientos endoscópicos y maniobras de intubación en emergencias. El fentanilo, por su parte, es un analgésico opioide muy potente, derivado de la morfina, destinado a controlar el dolor intenso. “Al combinarse, generan un efecto anestésico y analgésico muy eficaz, pero requieren estricto monitoreo cardiológico, control de oxigenación y, muchas veces, asistencia respiratoria”, advirtió.
En condiciones normales, el circuito de provisión de estos fármacos en instituciones de salud es riguroso: la farmacia hospitalaria los dispensa sólo bajo prescripción, se registran en libros y en historias clínicas, el acceso es restringido y el stock se controla de manera sistemática. En el caso del fentanilo, además, se exige doble prescripción por tratarse de un opioide controlado.
Vacíos de control y personal en situación de vulnerabilidad
A pesar de este esquema formal, Arellano señaló que existen vacíos que se vuelven críticos, sobre todo en contextos de guardias nocturnas, fines de semana y feriados, cuando la farmacia no funciona de manera plena y el acceso queda bajo la órbita de supervisores y jefaturas. En esos momentos, la custodia de las llaves y depósitos puede volverse más laxa y abrir la puerta a desvíos hacia usos no terapéuticos.
- Acceso a medicamentos fuera del horario habitual de farmacia, con menor supervisión.
- Ausencia de controles sistemáticos al personal médico al finalizar su turno.
- Diferencias en los mecanismos de inspección entre médicos y otros trabajadores.
- Falta de protocolos claros para detectar consumos problemáticos.
El especialista remarcó que, a diferencia de lo que ocurre con enfermeros, camilleros o personal de limpieza —a quienes se les revisan mochilas al entrar y salir—, los médicos rara vez son controlados en igual forma. Ese “hueco” permite que ampollas o frascos puedan retirarse del ámbito hospitalario sin ser detectados.
A ello se suma la ausencia de protocolos efectivos para identificar consumos problemáticos dentro del sistema de salud. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda auditorías periódicas, monitoreo de faltantes y seguimiento de conductas sospechosas, en Argentina estos lineamientos se cumplen de manera irregular y la detección de situaciones de riesgo suele depender de la buena voluntad de colegas o superiores.
“Esto no es un problema individual, sino estructural del sistema de salud. Es clave garantizar seguridad en la trazabilidad de los fármacos y ofrecer ayuda desde la salud ocupacional”, sostuvo Arellano.
Arellano también vinculó el fenómeno con el contexto de alta exigencia que atraviesa el personal sanitario: secuelas de la pandemia de Covid-19, estrés crónico, síndrome de Burnout, ansiedad, depresión, pluriempleo, bajos salarios y falta de reconocimiento, especialmente en el caso de enfermeras y enfermeros. En ese escenario, quienes ya tienen vulnerabilidades previas pueden quedar más expuestos al uso indebido de estas drogas.
Por último, el especialista subrayó que cuando un trabajador de la salud pide ayuda, muchas veces es estigmatizado e incluso despedido, en lugar de recibir tratamiento y acompañamiento. De allí su llamado a encarar cambios estructurales que combinen un seguimiento estricto de la trazabilidad de fármacos críticos con políticas de salud ocupacional que contengan y rehabiliten al personal afectado, evitando así que episodios como el “Caso Propofol” se repitan.
