La magistrada suspendida sostiene que es víctima de una “persecución” y que aún hay “recursos pendientes” en la causa. También enfrenta una investigación penal.
El proceso de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach ya tiene fecha confirmada: el 6 de noviembre comenzará el jury que podría determinar su destitución. La magistrada, actualmente suspendida, es investigada por haber intentado grabar un documental durante las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona.
Makintach sostiene que es víctima de una “persecución” y que aún existen “recursos pendientes”. La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto su apartamiento preventivo. En ese contexto, su abogado, Darío Saldaño, presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, recordando que la jueza ya estaba bajo licencia impuesta por la Suprema Corte hasta agosto y que aguardaba la aceptación de su renuncia por parte del gobernador Axel Kicillof.
En paralelo al jury, avanza la causa penal que lleva adelante la fiscalía de San Isidro, integrada por Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. A Makintach se le imputan los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Los fiscales consideraron que la jueza “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
La investigación y los imputados
Además de Makintach, están imputados José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A.; el guionista Juan Manuel D’ Emilio; y María Lía Vidal Alemán, amiga de la magistrada, quien habría impulsado la idea de grabar entrevistas vinculadas al juicio.
En las últimas horas, el juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, ordenó el secuestro de dos computadoras pertenecientes a la oficina de la jueza. Los elementos incautados son “un disco rígido marca Hikvision y un disco rígido marca Seagate modelo Barracuda”, que podrían contener material relevante para la causa.
La defensa de Makintach desplegó una contraofensiva judicial que incluye un pedido de nulidad, la recusación de los fiscales, y denuncias por presuntas irregularidades en la causa y espionaje ilegal.
A fines de agosto, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento había resuelto por unanimidad la admisibilidad de la acusación contra la magistrada. Previamente, el tribunal rechazó los tres planteos presentados por la defensa para intentar suspender la audiencia.
Makintach sostuvo que el “registro audiovisual cuestionado” no fue clandestino y que era conocido por todos los miembros del órgano judicial. Sin embargo, el jury avanzará tal como estaba previsto, y el próximo 6 de noviembre será una fecha clave para definir su futuro como magistrada.
