Juicio sin fecha y una familia que sigue reclamando por Loan
A 20 meses y 23 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino cuyo paradero aún es un misterio, la causa judicial continúa sin fecha firme de juicio y el pedido de justicia se mantiene más vivo que nunca. Mientras la familia exige que el debate oral comience cuanto antes, el mapa político de Corrientes aparece atravesado por denuncias cruzadas, silencios y presuntas maniobras para amortiguar el impacto público del caso.
La investigación acumula 17 imputados: siete dentro de la causa principal y otros diez en una pesquisa paralela. La Justicia Federal resolvió unificar todo en un único juicio, aunque la audiencia preliminar realizada recientemente dejó más dudas que certezas. El tribunal había propuesto el 7 de octubre como fecha de inicio, pero la fiscalía, la querella y parte de las defensas se opusieron, y los jueces ahora evalúan una nueva agenda.
Entre los principales acusados se encuentran Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Salvo Maciel, todos compartieron el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela Catalina, el día en que Loan fue visto por última vez. La imputación central para este grupo es por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.
El segundo grupo está integrado por Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. En su caso se investigan delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, defraudación a la administración pública, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.
La voz de la familia y las dudas de la Justicia
En Nueve de Julio, Corrientes, los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto a uno de sus hijos, recibieron a este medio y reiteraron su principal exigencia: que el juicio empiece lo antes posible. Para ellos, el debate oral es la instancia clave en la que esperan que los acusados finalmente revelen qué pasó con el chico.
“Si el juicio inicia en octubre, son ocho meses más sin saber qué pasó. Nosotros creemos que en el debate es donde van a hablar, por eso pedimos que sea lo antes posible”, expresó María.
Tras la audiencia preliminar, la querella pidió que el juicio comenzara el 8 de mayo, día del cumpleaños de Loan, pero el tribunal rechazó la solicitud por considerarla “impertinente”. El fiscal general de la causa, Carlos Schaefer, admitió en diálogo con la prensa que, hasta hoy, “no tenemos acreditado qué pasó ni por qué lo hicieron”, una definición que exhibe la fragilidad probatoria del expediente.
Desde las defensas también se cuestiona el armado del caso. Ernesto “Tito” González, abogado de Pérez y Caillava, sostuvo que desde el inicio se buscó “extender” la causa y “disfrazarla de compleja”, y apuntó a una “gran falencia de las acusaciones” por no tener definido con precisión tiempo, lugar y modo de los hechos. Por su parte, el defensor de Maciel, Richard Vallejos, afirmó que solo Laudelina Peña, Caillava y Pérez deberían responder penalmente, mientras que Maciel, Benítez, Ramírez y Millapi serían inocentes.
Corrientes: poder político, silencios y desprotección de la niñez
El caso Loan también expuso tensiones dentro del poder político correntino. El exgobernador y actual senador provincial radical Gustavo Valdés rompió un prolongado silencio mediático y aseguró no tener vínculos con los “actores de la causa”. Afirmó que su gestión “nunca se entrometió” en la investigación, más allá de haber intentado ser querellante, pedido que la Justicia Federal rechazó al advertir que podía entorpecer el proceso ante sospechas de encubrimiento de funcionarios locales.
Sin embargo, en Corrientes se habla de diversas jugadas para acallar voces críticas. Valdés denunció por injurias al dirigente justicialista Martín “Tincho” Ascúa, quien le reclamó públicamente explicaciones por el caso. Ese juicio se prevé para abril. A su vez, Ascúa presentó en mayo de 2025 una contradenuncia por presunto peculado en la Justicia provincial. También se conoció la situación del periodista y activista Miguel Nicolini, quien tras increpar en la Legislatura al senador Diego Pellegrini por su viaje con una de las acusadas, perdió su trabajo como asesor.
El trasfondo institucional preocupa aún más cuando se revisa el marco legal de protección a la niñez en la provincia. Corrientes adhirió en 2007 a la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la Ley Provincial 5773, que habilitó la creación de la figura del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes a cargo del Poder Legislativo. Casi dos décadas después, ese cargo sigue vacante.
Algo similar ocurre con la Ley Provincial 6020, sancionada en 2010 para crear un registro de menores desaparecidos: nunca fue reglamentada, por lo que no existe un padrón actualizado sobre cuántos chicos faltan de sus hogares. Tampoco se cumple de manera efectiva el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 5862), que establece pautas claras para los primeros momentos de búsqueda. En este contexto de vacíos legales, silencios oficiales y una causa judicial sin fecha cierta, la pregunta que resuena en Corrientes y en todo el país sigue siendo la misma: ¿dónde está Loan?
