Los documentos incautados por la Fiscalía boliviana muestran que los prepósitos generales de la Compañía de Jesús en Roma conocían los abusos y dispusieron el encubrimiento de diarios, fotografías y videos.
Las máximas autoridades de la Compañía de Jesús en Roma, incluido el actual prepósito general, Arturo Sosa Abascal, conocían de forma detallada las violaciones sistemáticas a menores de edad en Bolivia y ordenaron ocultar pruebas documentales de los abusos, según revela el libro ‘Las puertas del infierno’, escrito por Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, representantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS). La información fue publicada por el diario Opinión y se desprende de pruebas incautadas por el Ministerio Público de Bolivia, que incluyen correos electrónicos y cartas secretas enviadas desde la Curia romana.
La implicación de la Santa Sede se remonta a la década de 1990. Los archivos internos de la orden refieren que el entonces prepósito general, Peter Hans Kolvenbach, decidió en 1992 que el sacerdote Luis Tó, ya sentenciado por violación en España, permaneciera en Bolivia.
En 1999, Kolvenbach recibió informes del exprovincial Ramón Alaix sobre los abusos cometidos por Francisco Flores contra un joven, pero, según los documentos, no ordenó una denuncia ante la Policía y respondió con una carta en la que sugería al menos seis centros de ayuda psicológica en distintos países.
El encubrimiento continuó con Arturo Sosa, quien está al frente de la congregación desde 2016. Los expedientes demuestran que Sosa fue informado plenamente sobre la investigación interna contra el jesuita Luis María Roma Padrosa, conocido como Lucho Roma, quien abusó de más de 70 niñas indígenas guaraníes en Charagua y registraba sus crímenes en cuadernos, fotografías y videos. En febrero de 2020, el asesor regional Claudio Paul envió al provincial Ignacio Suñol un correo electrónico en el que, según el libro, instruía conservar el diario del pederasta como “información clasificada” y avanzar en la reparación a las víctimas y la difusión pública del caso.
No obstante, los jesuitas en Bolivia solo escondieron los manuscritos de Lucho Roma y no activaron una denuncia penal. El texto sostiene que Sosa también conoce los casos de otros religiosos abusadores en el país, denunciados por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, pero ha mantenido un “estratégico silencio encubridor”. La Fiscalía boliviana mantiene bajo custodia los documentos originales que sustentan estas acusaciones.
