El Ministerio solicitó informes a la Provincia de Buenos Aires y al intendente Lucas Ghi tras la difusión de una consigna escolar vinculada al aniversario del golpe de Estado de 1976.
El Ministerio de Capital Humano exigió explicaciones a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y al intendente de Morón, Lucas Ghi, por un presunto caso de “adoctrinamiento político” en escuelas del distrito. El pedido se produjo luego de la difusión de una consigna escolar vinculada a una actividad por el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976.
La solicitud fue realizada por la Secretaría de Educación de la cartera que conduce Sandra Petovello, tras la circulación de una nota que menciona que el Gobierno está “empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado”. La frase formaría parte de una consigna destinada a estudiantes en el marco de una actividad educativa.
Según el comunicado difundido por el ministerio, “de acuerdo con el documento en circulación, cuya autenticidad debe ser verificada con precisión, la Directora de Educación del Municipio solicitó a las instituciones educativas que las familias enviaran un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres o símbolos, para realizar un trabajo didáctico en el marco de una actividad que se desarrollará el próximo 22 de marzo, incluyendo en la consigna la expresión dirigida a los niños: ‘Frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado’”.
Desde el Gobierno nacional señalaron que “lo trascendido podría enmarcarse en un hecho de adoctrinamiento partidario en un contexto escolar, en el que una funcionaria pública promovería la transmisión de posicionamientos político-partidarios a los estudiantes”.
El comunicado agrega que “este tipo de situaciones podría afectar la integridad psicológica de los estudiantes, el derecho a una adecuada educación cívica y el libre desarrollo de su pensamiento”.
Libertad de pensamiento
El Ministerio de Capital Humano recordó en su comunicado distintas normas que reconocen el derecho de niños y jóvenes a la “libertad de pensamiento y expresión”.
En ese marco, citó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.
También mencionó la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas y el Decreto 415/2006, reglamentario de la Ley N° 26.061. A su vez, recordó el Decreto 1086/2024, que incorporó “disposiciones vinculadas a la protección de la libertad de pensamiento de niños y adolescentes”.
El texto señala además que “la imposición de posicionamientos político-partidarios en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad”.
Pedido de investigación
En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano solicitó información a las autoridades provinciales y municipales para esclarecer lo sucedido.
El pedido incluye que “se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o se aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos”.
