Cancillería bajo la lupa por un polémico aumento contractual
NewsITe
La Cancillería argentina quedó envuelta en una nueva controversia luego de que se conociera que el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) fue incrementado en un 398% apenas asumió el gobierno de Javier Milei. El dato genera especial sensibilidad política porque la directora ejecutiva de la entidad es María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
De acuerdo con una publicación del portal ElDiarioAR, el aumento del convenio se concretó en el período de mayor dureza del discurso oficial del “no hay plata”, y superó holgadamente la inflación acumulada del mismo tramo, estimada en torno al 276%. La magnitud del incremento y el vínculo familiar entre la titular de la AACI y un ministro nacional reactivaron el debate sobre los controles de integridad en las contrataciones del Estado.
El contrato entre la Cancillería y la AACI se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad. Debido al parentesco entre Rouillet y Sturzenegger, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, que establece mecanismos adicionales de transparencia cuando se detectan potenciales conflictos de interés. En este marco intervinieron tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Procedimiento de integridad y vínculo familiar
Según consta en la documentación oficial, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue preparada por Rouillet. Al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el decreto 202/2017, la Cancillería identificó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro del Poder Ejecutivo.
La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente donde calificó ese vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Federico Sturzenegger y María Josefina Rouillet. Frente a esta situación, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó formalmente a la OA y a la SIGEN y recomendó implementar un “mecanismo adicional de transparencia”, también conocido como Pacto de Integridad, para reforzar los resguardos institucionales.
Alcance del convenio y capacitación en inglés
El Pacto de Integridad es un acuerdo formal y obligatorio entre el organismo estatal contratante y la entidad contratada, orientado a prevenir sobornos, actos de corrupción y conflictos de interés en las licitaciones públicas. Mediante este instrumento, las partes se comprometen a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos y a garantizar la trazabilidad de cada etapa del proceso de contratación.
En el caso bajo análisis, el objeto del contrato es la realización de un curso de capacitación en idioma inglés para personal de la Cancillería. El pliego prevé un cupo total de 132 agentes a capacitar durante el año 2026, con una modalidad de cursada presencial en la sede de la AACI, ubicada en Suipacha 1333, en el barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
- Incremento del contrato del 398% respecto del monto previo.
- Inflación del período estimada en 276%, por debajo del aumento otorgado.
- Intervención de la OA y la SIGEN por el vínculo familiar con un ministro.
- Curso de capacitación para 132 agentes durante 2026, en modalidad presencial.
El caso vuelve a poner en foco los criterios de austeridad fiscal y los estándares de integridad que el Gobierno afirma sostener en la administración de recursos públicos.
Mientras el expediente suma miradas políticas y técnicas, la polémica por el aumento del contrato con la AACI se inscribe en un contexto de fuerte ajuste del gasto y revisión de programas, donde cada decisión de asignación de fondos es observada con lupa. La evolución de la causa y las eventuales aclaraciones oficiales serán claves para determinar si se respetaron plenamente las normas de transparencia y de prevención de conflictos de interés.
