Proyecto en CABA para poner límites al acoso de cobradores de deudas
NewsITe
Ante el crecimiento del endeudamiento familiar y las denuncias por hostigamiento en la gestión de cobranzas, el bloque Fuerza por Buenos Aires, que lidera Leandro Santoro, presentó en la Legislatura porteña un proyecto para actualizar y endurecer la regulación sobre las agencias de cobro extrajudicial en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa surge como complemento del programa de desendeudamiento familiar impulsado por el mismo espacio. Según explicó el director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti, cada vez más personas se ven atrapadas en deudas imposibles de pagar, con refinanciaciones que superan ampliamente su capacidad de ingreso y prácticas de cobro que rozan, o directamente vulneran, la legalidad.
El proyecto toma como base la ley 6.171, vigente desde 2019, que regula la actividad de las agencias de cobranza extrajudicial, pero la considera desactualizada frente a los cambios producidos en los últimos años: la pandemia, la expansión de las billeteras virtuales y la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de inteligencia artificial y bots para contactar a deudores.
Registro obligatorio y licencias para las agencias de cobro
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un registro obligatorio de todas las empresas y estudios jurídicos que realizan cobranzas extrajudiciales. Para operar, deberán contar con una licencia específica, que podrá ser suspendida o revocada si incurren en prácticas abusivas o prohibidas.
El proyecto también incorpora a otros actores que hoy intervienen en la gestión de deudas y que la normativa original no contemplaba, como los departamentos internos de bancos, cadenas comerciales y plataformas de pago —por ejemplo, Mercado Pago o empresas de retail—, además de profesionales que actúan de manera individual. Todos ellos quedarán alcanzados por las mismas obligaciones de registro, transparencia e identificación.
La iniciativa prevé que los acreedores originales —bancos, financieras o empresas— deban informar formalmente a quién derivan la gestión de cobro y por qué canales se contactará al deudor. De esa manera, las personas podrán verificar si quien las llama o les escribe realmente está autorizado, lo que busca reducir el accionar de actores inescrupulosos que se amparan en la falta de controles.
Límites al hostigamiento y resguardo de la dignidad de los deudores
Otro punto clave es el refuerzo de las reglas sobre días, horarios y modalidad de contacto. Aunque la ley actual ya establece franjas permitidas y prohíbe expresamente comunicarse con familiares o el entorno del deudor, en la práctica abundan los llamados en horarios nocturnos, fines de semana y mensajes dirigidos a padres, hermanos o amistades, con el objetivo de presionar y avergonzar al titular de la deuda.
El proyecto explicita estas prohibiciones y las hace exigibles con mayor rigurosidad, sumando la obligación de documentar el monto reclamado y la evolución de la deuda. En las audiencias públicas, se expusieron casos de préstamos iniciales de 100 mil pesos que, al pasar a manos de agencias de cobro, se multiplicaron entre cuatro y diez veces, sin explicación clara sobre intereses, gastos y honorarios.
Además, la propuesta reconoce el impacto de las nuevas tecnologías en estas prácticas. Se mencionaron situaciones en las que empresas utilizan bots y sistemas de inteligencia artificial para enviar mensajes masivos, audios y notificaciones tanto al deudor como a sus contactos, aprovechando la información que obtienen del celular. En algunos contratos de préstamos digitales, incluso se explicita que podrán usar la agenda del usuario para llegar a su entorno en caso de mora.
Coordinación con el Colegio de Abogados y control estatal
Para reforzar el cumplimiento, el proyecto plantea que el Gobierno de la Ciudad coordine con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la aplicación de sanciones a los profesionales que incurran en excesos, amenazas o violaciones a la normativa en el ejercicio de la cobranza extrajudicial.
Desde la Dirección de Defensa del Consumidor porteña y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Nación manifestaron una buena recepción a la propuesta, al considerar que la creación de un registro y la identificación clara de los medios de contacto permitirán un universo más controlado y facilitarán la tarea de fiscalización.
Si bien los impulsores del proyecto reconocen que la raíz del problema está en la crisis económica y la dificultad de millones de familias para llegar a fin de mes, sostienen que es imprescindible establecer un marco de dignidad mínima para quienes se endeudan y luego no pueden cumplir. El objetivo es que el cobro de deudas no derive en situaciones de hostigamiento, extorsión o exposición pública, y que el Estado tenga más herramientas para intervenir cuando se cruzan esos límites.
Apoyos políticos y próximas definiciones en la Legislatura
El expediente, identificado con el número 2788, ya comenzó a ser debatido en la comisión de Defensa del Consumidor de la Legislatura porteña. Según adelantó Cilenti, el proyecto cuenta con acompañamiento de bloques del radicalismo, el PRO, la izquierda y el sector referenciado en Horacio Rodríguez Larreta. El único espacio que se mantuvo al margen hasta el momento es La Libertad Avanza, que no participó de la audiencia pública.
En los próximos días se espera una nueva instancia de trabajo en comisión, con la posibilidad de avanzar en un dictamen propio o de articular una reunión conjunta con otras comisiones. La intención de los impulsores es que, con los consensos alcanzados, la iniciativa llegue al recinto y pueda convertirse en ley en el corto plazo.
“No prohibimos la cobranza de deuda, buscamos resguardar la dignidad de las personas y darle al Estado herramientas para controlar esta actividad”, resumió Cilenti al explicar el espíritu del proyecto.
Mientras tanto, el debate abre una discusión más amplia sobre el uso de datos personales, el poder de los algoritmos en el sistema financiero y la necesidad de que los Estados fijen límites claros para evitar abusos en un contexto social signado por el sobreendeudamiento y la vulnerabilidad económica.
