Fuerte cruce por la suspensión del Régimen Penal Juvenil en Provincia

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó con dureza contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que la Justicia provincial suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dispuesta por la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora, Marta Pascual, y reabrió un debate sensible sobre seguridad e imputabilidad de menores.
Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación, utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar al mandatario provincial. Sostuvo que en territorio bonaerense “Kicillof se pone del lado de los delincuentes”, mientras los vecinos “viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”. La dirigente libertaria también cargó contra el Poder Judicial bonaerense, al que calificó como “garantista” y responsable de dejar en libertad a quienes cometen delitos.
En esa línea, Bullrich afirmó que la provincia se ha convertido en un lugar “donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, y describió como “terror” la situación de quienes viven allí y se sienten desprotegidos. Sus declaraciones se inscriben en la estrategia del oficialismo nacional de disputar la agenda de seguridad en el distrito más poblado del país.
El trasfondo del conflicto por el Régimen Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que había comenzado a regir el último sábado, establece como eje principal la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. Desde el Gobierno nacional defendieron la iniciativa como una herramienta para reducir la impunidad y reforzar la respuesta del Estado frente al delito cometido por menores.
Antes de que se conociera la decisión judicial, Bullrich había celebrado públicamente la puesta en marcha del régimen. “Desde hoy no importa la edad: si delinquis, las pagás”, escribió en sus redes, y agregó que “se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”. La senadora sostuvo que durante años los menores infractores “tuvieron impunidad” y que el cambio legal busca priorizar a las víctimas.
Sin embargo, la jueza Marta Pascual resolvió suspender la aplicación del régimen en territorio bonaerense por 60 días, argumentando falta de infraestructura, recursos y condiciones adecuadas para implementarlo. En su resolución, la magistrada advirtió sobre la necesidad de que el Estado provincial garantice dispositivos específicos para el alojamiento, tratamiento y acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Argumentos judiciales y discusión política
- La suspensión es por un plazo de 60 días, con alcance en la provincia de Buenos Aires.
- La jueza planteó la carencia de recursos materiales y humanos para aplicar el nuevo régimen.
- Desde el oficialismo nacional se insiste en que el sistema debe enfocarse en las víctimas.
- Los críticos advierten sobre el riesgo de agravar la situación de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
“Se terminó la impunidad. La ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos”, enfatizó Patricia Bullrich en sus redes sociales.
La decisión judicial y la reacción política vuelven a colocar en el centro del debate el equilibrio entre seguridad, garantías y políticas de contención para adolescentes en conflicto con la ley. Mientras el Gobierno nacional reclama avanzar con el endurecimiento de penas y la baja de la imputabilidad, en la provincia se abre una etapa de revisión sobre cómo implementar cualquier cambio sin profundizar las desigualdades existentes en el sistema penal juvenil.

