Tanto Attestor como Bainbridge anunciaron que las deudas que reclamaban fueron saldadas, por lo que dan fin a la causa.
Los fondos Attestor Master y Bainbridge, dos de los acreedores que todavía mantenían litigios contra la Argentina por bonos impagos desde 2001, comunicaron a la Justicia de Estados Unidos que cobraron la suma acordada con el Gobierno y además solicitaron cerrar la causa.
La presentación de los bonistas llegó después de que el Congreso aprobara los entendimientos alcanzados con ambos fondos.
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, Bainbridge recibió US$67 millones. Attestor Master, en tanto, habría cobrado alrededor de US$104 millones. De todos modos, no se publicó completo el acuerdo sellado.
La ley que autorizó ambos pagos fue sancionada por el Congreso argentino terminando el mes de junio y se dio a conocer el pasado 1° de julio. La norma contempló un convenio con Bainbridge y otro con un grupo de acreedores encabezado por Attestor.
Bainbridge presentó el 29 de julio un documento ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, donde se concentran gran parte de las demandas. En el escrito, explicaron que se había cumplido con la sentencia.
Cabe recordar que la Justicia neoyorquina había emitido el fallo definitivo el 1° de diciembre de 2020, mientras que el acuerdo con la Argentina fue firmado el 1° de abril de 2026.
“El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago”, indicaron. Además, se supo que Bainbridge aceptó una suma determinada para cancelar el capital, los intereses y cualquier otro reclamo relacionado con sus bonos en default.
Attestor y Bainbridge formaban parte del grupo de los denominados holdouts o fondos buitre, los acreedores que rechazaron sumarse a las reestructuraciones realizadas después del default del 2001. Las dos partes continuaron con sus reclamos ante la Justicia estadounidense.
Pese al cierre de estos expedientes, la Argentina todavía enfrenta demandas de bonistas individuales cercano a los US$2.000 millones; y también mantiene otros litigios en el exterior cuyos reclamos rondan, en conjunto, los US$10.000 millones.
