Operativo aéreo y terrestre del Ejército colombiano en Catatumbo
NewsITe
Cuatro integrantes del denominado Frente 33, una estructura disidente de las extintas FARC, murieron en una operación militar llevada a cabo el 10 de octubre en la convulsionada región del Catatumbo, en el noreste de Colombia. La acción, que incluyó un bombardeo aéreo y el posterior ingreso de tropas terrestres, fue informada por el Ministerio de Defensa colombiano y difundida por medios locales.
De acuerdo con el comunicado oficial, entre los fallecidos se encuentran tres hombres y una mujer. Esta última fue identificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal como una adolescente de 16 años que, según la versión oficial, cumplía funciones de combate de manera permanente dentro de la estructura armada ilegal.
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Tras el ataque aéreo, unidades del Ejército ingresaron al campamento para asegurar la zona y realizar el registro del lugar. En ese avance, tres soldados resultaron heridos como consecuencia de la activación de un campo minado instalado en los alrededores del área donde operaba el grupo insurgente.
Armas incautadas y respeto al Derecho Internacional Humanitario
En el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron un importante arsenal: 10 fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, 57 cargadores y más de 3.860 cartuchos de distintos calibres. El hallazgo refuerza, según las autoridades, la capacidad de fuego y el nivel de organización del Frente 33 en esta zona estratégica para el narcotráfico y otras economías ilegales.
El Ministerio de Defensa subrayó que la operación aérea se planeó respetando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el derecho internacional humanitario. En ese sentido, se remarcó que los objetivos militares fueron identificados previamente con el fin de minimizar riesgos para la población civil que habita en el Catatumbo, una región históricamente golpeada por la violencia armada.
- Incautación de armamento de guerra y miles de municiones.
- Tres soldados heridos por la explosión de un campo minado.
- Confirmación de la participación de una menor de edad en combate.
Balance de seguridad del nuevo Gobierno colombiano
En paralelo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó un balance de seguridad tras los primeros dos meses de su mandato. Según detalló, las operaciones de la fuerza pública contra distintos grupos armados ilegales dejaron un saldo de 70 presuntos delincuentes abatidos y un total de 1.117 integrantes de estas organizaciones afectados por capturas, sometimientos o neutralizaciones.
El gobierno sostiene que estos golpes buscan debilitar las capacidades operativas de disidencias de las FARC, estructuras del ELN y bandas vinculadas al narcotráfico que operan en regiones como Catatumbo, una de las más complejas del país por la combinación de conflicto armado, cultivos ilícitos y ausencia histórica del Estado.
“En su confrontación armada, estos grupos han destruido numerosas viviendas mediante ataques indiscriminados con drones cargados con explosivos y han sembrado campos minados que persisten en la región”, señaló el comunicado oficial al describir el accionar de las disidencias.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil siguen con atención estos operativos, reclamando que se investigue el eventual reclutamiento de menores y que se garantice, al mismo tiempo, la protección de las comunidades campesinas que permanecen en medio del fuego cruzado en el noreste colombiano.
