El Gobierno boliviano toma control temporal de la petrolera estatal
NewsITe
El Gobierno de Bolivia anunció una intervención extraordinaria y temporal sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la principal empresa energética del país, en medio de una prolongada crisis de abastecimiento de combustibles. La decisión coloca a la petrolera estatal bajo supervisión directa del Poder Ejecutivo con el objetivo de revisar a fondo su gestión y garantizar el suministro interno de naftas y diésel.
La disposición oficial establece un plazo inicial de hasta 180 días para la intervención, con la posibilidad de una única prórroga excepcional por otros 90 días si persisten las causas que motivaron la medida. Sin embargo, el Gobierno aclaró que el proceso podrá darse por concluido antes en caso de que se normalice el escenario de importación, distribución y comercialización de combustibles en el mercado interno.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, fue el encargado de explicar el alcance de la decisión. Según indicó ante la prensa, la prioridad del Ejecutivo es “garantizar el abastecimiento interno de combustibles y recuperar la eficiencia de la firma estatal”, en un contexto en el que se registran demoras, faltantes y crecientes dificultades logísticas para sostener el flujo de carburantes hacia las estaciones de servicio.
Zamora utilizó términos contundentes para describir la situación dentro de la cadena de comercialización, al señalar que la intervención busca “extirpar” lo que definió como un “cáncer” en el manejo de los combustibles. Con esta expresión aludió a presuntas maniobras irregulares, desvíos y prácticas que habrían contribuido a agravar la crisis de abastecimiento y a generar pérdidas para el Estado boliviano.
Alcance de la medida y posibles irregularidades en la cadena de suministro
El decreto que dispone la intervención ordena una revisión integral del circuito que siguen los combustibles desde el momento en que son importados hasta su llegada a los surtidores y demás puntos de venta autorizados. El objetivo central es esclarecer qué ocurre en cada tramo del proceso y determinar si existen redes de contrabando, acopio irregular o desvío de naftas y diésel hacia mercados no autorizados.
La intervención también apunta a detectar operaciones que puedan haber afectado la seguridad energética del país, así como eventuales perjuicios económicos para las arcas públicas. Para ello se realizarán auditorías internas y externas sobre la gestión de YPFB, el registro de importaciones, los contratos vigentes y los mecanismos de distribución aplicados en los últimos meses.
- Revisión del circuito completo de importación y distribución de combustibles.
- Identificación de presuntas redes de contrabando y desvío de carburantes.
- Evaluación del impacto de las maniobras irregulares en el abastecimiento interno.
- Control sobre el uso de recursos públicos y la eficiencia operativa de YPFB.
“La intervención de YPFB busca extirpar el cáncer en la comercialización de los combustibles”, afirmó el ministro Mauricio Zamora, al justificar la decisión del Gobierno boliviano.
En caso de que las auditorías detecten indicios de delitos o irregularidades administrativas graves, los resultados podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, al Ministerio Público, a la Procuraduría General y a otras autoridades competentes. El Ejecutivo pretende que la intervención no solo permita normalizar el abastecimiento, sino también establecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control en el sector energético, clave para la economía boliviana.
