Casación vuelve a analizar el futuro judicial de Marcelo Bailaque
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver en los próximos días si habilita el inicio del juicio oral contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, procesado con prisión preventiva y acusado por tres hechos de corrupción judicial. El magistrado, que renunció a su cargo para evitar un eventual juicio político, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras se define el rumbo del expediente.
El caso es seguido de cerca en los tribunales federales de Rosario porque pone a prueba el nuevo sistema procesal acusatorio, vigente en la jurisdicción desde mayo de 2024 y orientado a acelerar los tiempos de las causas penales. Los fiscales federales de Rosario, con el respaldo de la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), consideran que la investigación está completa y reclaman llevar a Bailaque y a los demás imputados al banquillo.
En febrero, el Ministerio Público Fiscal formalizó tres acusaciones y adelantó que pedirá una pena de 10 años de prisión para el exjuez. No obstante, las defensas plantearon que la causa no debía tramitarse bajo el sistema acusatorio, cuestionando el encuadre procesal de todo el expediente. Pese a esos intentos, tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara Federal de Rosario ratificaron el procesamiento y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, postura que en su momento también fue convalidada por Casación.
El giro se produjo cuando la defensa de Bailaque llevó sus recursos ante la Corte Suprema. La Cámara de Casación rechazó habilitar la vía extraordinaria en dos de los tramos del caso, pero sí concedió el recurso en el expediente vinculado con la presunta extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Ese episodio fue relatado por el exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, en carácter de arrepentido.
Frente a ese escenario, los fiscales pidieron fecha para el inicio del debate oral. Sin embargo, el camarista federal rosarino Aníbal Pineda decidió frenar el avance del tramo por extorsión hasta que la Corte se pronuncie, y resolvió mantener la causa bajo la órbita del Colegio de Jueces de Garantías. Según explicó públicamente, existía el riesgo de que, si el máximo tribunal fallaba de otro modo, se declarara la nulidad de todo lo actuado.
El Ministerio Público apeló la resolución de Pineda al sostener que implicaba una injerencia indebida en el ámbito propio de la acusación y que, en los hechos, favorecía la estrategia defensiva del exmagistrado y de los demás imputados. También advirtió que la paralización de uno de los legajos fragmentaba el caso y debilitaba la persecución penal en un expediente de alto impacto institucional.
Las tres acusaciones que enfrenta el exjuez federal
Marcelo Bailaque afronta tres cargos centrales. El primero lo señala como organizador de una causa penal ficticia, supuestamente armada junto a otros partícipes, con el objetivo de dañar la reputación y presionar a directivos de empresas para luego exigirles dinero a cambio de influir en decisiones judiciales y administrativas. Se trata de un esquema que, de comprobarse, configuraría una gravísima utilización del aparato judicial con fines extorsivos.
La segunda acusación refiere a la recepción de beneficios económicos indebidos encubiertos bajo contratos de locación simulados. Según la imputación, esos alquileres se canalizaban a través de una mutual y se habrían aprovechado de la condición de Bailaque como magistrado federal. Los investigadores sostienen que esos pagos eran, en realidad, retornos ilegítimos vinculados a su función.
El tercer tramo del expediente lo vincula con maniobras de blanqueo de capitales de origen delictivo, agravadas por su carácter de funcionario público. En este punto, se investigan operaciones financieras irregulares y la compra de inmuebles por montos inferiores a los valores de mercado, presunta pantalla para lavar dinero obtenido de actividades ilícitas.
Tras conceder la apelación, Pineda dejó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal la decisión sobre si el proceso avanza finalmente a juicio oral o si se mantiene la suspensión hasta que se expida la Corte Suprema. La definición de Casación no solo impactará en el futuro de Bailaque, sino que también marcará un precedente clave sobre el alcance del nuevo sistema acusatorio en causas de corrupción judicial.
