El Gobierno boliviano cierra el cerco sobre el control de combustibles
NewsITe
El Gobierno de Bolivia profundizó este miércoles su ofensiva para ordenar el mercado de combustibles y frenar los desvíos de diésel y naftas que vienen generando largas filas en las estaciones de servicio de todo el país. Un día después de la intervención de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Poder Ejecutivo dispuso también la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), organismo clave en la fiscalización de la cadena logística.
La medida, instrumentada mediante el Decreto Supremo 5699, tiene carácter extraordinario y regirá por hasta 180 días. Durante ese período se revisarán los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización del sector, con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno y detectar responsabilidades administrativas, técnicas y operativas en posibles irregularidades.
La intervención fue encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano; y el viceministro de Transparencia, Yamil García, quienes se presentaron en las oficinas centrales de la ANH en La Paz. Según explicaron, se analizará la estructura del organismo y el desempeño de su personal, con foco en los puntos críticos de la logística.
Cómo funciona la cadena y dónde se detectaron fallas
YPFB tiene a su cargo la importación, el almacenamiento y el despacho de gasolina y diésel hasta las estaciones de servicio. La ANH, por su parte, es la responsable de fiscalizar el recorrido de las cisternas desde las plantas de almacenamiento hasta la venta final al consumidor. De acuerdo con las autoridades, es precisamente en ese tramo donde se manifiestan las mayores vulnerabilidades.
Entre las anomalías señaladas se encuentra la ruptura de los circuitos de información entre los despachos de YPFB y los surtidores, lo que impide establecer con precisión cuánto combustible sale de las plantas y cuánto llega efectivamente a los usuarios finales. También se denunciaron cargas de combustible a camiones cisterna con capacidad menor a la registrada en los documentos oficiales, lo que abre la puerta a desvíos y triangulaciones.
Otra sospecha apunta a la manipulación de los sistemas de geolocalización de los vehículos encargados del transporte. Según el Gobierno, se habrían producido alteraciones en los recorridos de las cisternas para desviar combustible destinado al mercado interno hacia circuitos irregulares, que incluyen el contrabando hacia países vecinos en busca de mayores márgenes de ganancia, dadas las distorsiones de precios en la región.
Escasez, filas y desafío político para el Gobierno
Bolivia atraviesa desde hace meses dificultades para normalizar el suministro de combustibles, en especial de diésel, insumo estratégico para el transporte de cargas y la producción agrícola. Las consecuencias se observan en las largas colas de camiones y vehículos ligeros en estaciones de servicio de distintas regiones, un escenario que genera malestar social y presión sobre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
En este contexto, la intervención simultánea de YPFB y de la ANH busca recomponer el sistema de control desde el ingreso del combustible al país hasta el tanque del consumidor. Las autoridades prometen auditorías exhaustivas, la posible remoción de cuadros técnicos y la implementación de controles tecnológicos más estrictos para transparentar la información y reducir los espacios para maniobras irregulares.
“Tenemos como objetivo principal que el abastecimiento a la población se dé, y se tiene que dar”, remarcó el ministro Marcelo Blanco al anunciar la intervención, al tiempo que aseguró que se aplicarán medidas correctivas sin descartar sanciones a funcionarios y operadores privados.
La evolución del abastecimiento en las próximas semanas será clave para evaluar la efectividad de estas medidas de emergencia. Mientras tanto, el gobierno boliviano intenta enviar una señal de firmeza frente a las denuncias de desvíos y alienta a los usuarios a canalizar sus reclamos y denuncias por vías oficiales para colaborar en la reconstrucción del sistema de control de combustibles.
