El Gobierno boliviano promete una reacción “institucional y democrática”
NewsITe
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, advirtió que el país enfrenta una etapa de conflictividad que ya no se limita al ámbito interno, sino que presenta componentes transnacionales asociados al crimen organizado, el narcotráfico y fuentes de financiamiento opacas. En ese contexto, aseguró que la respuesta del Estado no será improvisada, sino “institucional, democrática” y encuadrada en la legalidad.
Durante un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas realizado en el Colegio Militar, Justiniano remarcó que el Gobierno busca diferenciar con claridad la protesta social pacífica de las acciones violentas que, según denunció, se registran en distintos puntos del territorio. Los dichos se dan en medio de una prolongada ola de bloqueos, problemas de abastecimiento y denuncias por el uso de armas de fuego en zonas de conflicto, especialmente en la localidad de San Julián, donde dos efectivos policiales resultaron heridos el sábado 6 de junio.
“Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo”, planteó el ministro, citado por el diario El Deber y la agencia Noticias Argentinas. El funcionario insistió en que la reacción oficial será de carácter institucional y respetuosa del sistema democrático.
Nueva ley de excepción y alerta por escalada de violencia
Las declaraciones de Justiniano se produjeron horas después de que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, promulgara la Ley 1740, que regula los estados de excepción. El mandatario adelantó que ya existe un plan para hacer frente a la crisis derivada de los cortes de ruta y enfrentamientos, que incluyó en los últimos días el empleo de armas de fuego por parte de manifestantes, de acuerdo con las denuncias oficiales.
Desde el Gobierno advierten que algunos sectores pasaron “de los bloqueos a la violencia y de la piedra a la bala”, empleando métodos que tendrían como objetivo generar terror, promover acciones de rebelión y sedición e imponer por la fuerza reclamos que no lograron canalizar por vías democráticas. En ese marco, se multiplican los cuestionamientos a grupos que, bajo la cobertura de la protesta social, estarían articulando con redes delictivas transnacionales.
- El Ejecutivo sostiene que se tomó nota de la dimensión regional del problema, asociada al narcotráfico y al crimen organizado.
- La nueva normativa sobre estados de excepción busca dar un marco jurídico preciso a la intervención de las Fuerzas Armadas.
- Organismos de derechos humanos y la oposición siguen de cerca la implementación de estas medidas y su impacto en las libertades civiles.
“La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”, subrayó Justiniano.
Con la ley recientemente sancionada y el endurecimiento del discurso oficial, el Gobierno boliviano intenta contener una crisis que combina conflictividad social, tensiones políticas y la presencia de actores vinculados a economías ilegales. El desafío, advierten analistas, será equilibrar el uso de la fuerza estatal con el respeto irrestricto a las garantías constitucionales, en un escenario regional atravesado por el avance del crimen organizado.
