El Gobierno de Arce niega una amnistía general y endurece su postura
NewsITe
El Gobierno de Bolivia ratificó que no contempla conceder una amnistía general para los detenidos durante las protestas y bloqueos que afectan al país desde hace casi siete semanas. Al mismo tiempo, fijó una condición clave para retomar el diálogo con las organizaciones sociales: el levantamiento inmediato de los cortes de ruta que paralizan la circulación y profundizan la crisis económica.
Las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB), principal central sindical del país, ingresaron en un cuarto intermedio pocas horas después de iniciadas. La COB exige la liberación de las personas arrestadas en el marco de las movilizaciones y de los operativos de desbloqueo realizados por las fuerzas de seguridad, reclamo que el oficialismo considera inaceptable en los términos planteados.
En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que una comisión oficial revisa caso por caso la situación jurídica de los detenidos, pero descartó una medida de perdón masiva. Según el funcionario, el Gobierno está dispuesto a hacer “un esfuerzo razonable” dentro de los márgenes legales, aunque sin avanzar en una amnistía general como reclaman los sectores movilizados.
Presión oficial para liberar rutas en un país paralizado
Lupo advirtió además que, si fracasan los intentos de diálogo, el Ejecutivo hará uso de todas las atribuciones que le otorga la Constitución para restablecer la libre circulación en las carreteras. El mensaje estuvo dirigido especialmente a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, organización que mantiene sus propios bloqueos y demandas específicas, y que hasta ahora no participa de manera plena en la mesa de negociación.
El Gobierno espera una respuesta formal de la dirigencia campesina para instalar una nueva instancia de diálogo orientada a la pacificación. Si bien reconoce que muchas de las demandas sociales tienen sustento, insiste en que resulta indispensable una tregua que permita liberar las rutas como condición previa para avanzar en acuerdos de fondo.
De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este jueves se registraban más de 40 puntos de bloqueo activos en al menos cinco departamentos. La interrupción prolongada de la red vial afecta el abastecimiento de alimentos y combustibles, corta cadenas de suministro clave y ya provocó pérdidas económicas significativas para diversos sectores productivos, en un contexto marcado por la escasez de divisas y las dificultades para el transporte de mercancías.
- Más de 40 cortes de ruta afectan a cinco departamentos bolivianos.
- El Gobierno condiciona el diálogo al levantamiento de los bloqueos.
- La COB reclama la liberación de los detenidos durante las protestas.
“De ninguna manera se puede establecer una amnistía general como ellos proponen. Vamos a usar todas las atribuciones que la Constitución nos da para garantizar la paz y la libre transitabilidad”, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
La firmeza del Ejecutivo busca marcar los límites de una negociación que pretende encauzar uno de los conflictos sociales más extensos de los últimos años en Bolivia. Mientras los cortes persistan, la tensión política y económica promete seguir en aumento, con impacto directo en la vida cotidiana de la población y en la estabilidad del gobierno de Luis Arce.
