El Gobierno abrió las propuestas para definir al nuevo operador de AySA
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El Ministerio de Economía de la Nación abrió este martes las ofertas técnicas en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor empresa de servicios de agua potable y cloacas del país. Con este paso, el Gobierno avanza en la etapa clave para seleccionar al futuro operador privado que administrará la compañía durante las próximas tres décadas.
Según informó la cartera económica, se presentaron dos consorcios empresariales: por un lado, Rowing S.A. –bajo la denominación Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX– y, por otro, Roggio Roas S.A. –Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros–. Ambas propuestas serán ahora analizadas desde el punto de vista técnico y financiero antes de la adjudicación definitiva.
El plan oficial contempla la venta del 90% del paquete accionario en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará perteneciendo a los empleados de la compañía, tal como viene ocurriendo en el esquema actual. De este modo, el Gobierno apunta a retirarse de la gestión directa del servicio, pero manteniendo la regulación y el control del cumplimiento de las metas comprometidas.
Inversiones obligatorias y metas de expansión del servicio
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el futuro operador tendrá la obligación contractual de encarar un ambicioso programa de obras. “El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”, señaló el funcionario.
En paralelo, el esquema incluye un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que prevé inversiones por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Ese paquete de obras se orienta a ampliar la cobertura de agua potable y desagües cloacales, así como a modernizar la infraestructura ya existente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras zonas de concesión.
El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas. A partir de allí, y hacia el final del plazo inicial de 30 años de concesión, esos niveles deberán avanzar hasta al menos 90% para el servicio de agua y 75% para el servicio de desagües, según precisó el comunicado oficial.
Esquema tarifario y recaudación fiscal proyectada
Otro de los puntos centrales del proceso de privatización es el régimen tarifario. Caputo remarcó que, “durante el primer ciclo de cinco años, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales”. Esto implica que las tarifas podrán ajustarse, pero acompañando la inflación y sin incrementos adicionales en términos reales, al menos en ese lapso inicial.
El Gobierno también detalló el impacto fiscal proyectado del nuevo esquema. En el primer ciclo tarifario bajo gestión privada, se estima que se pagarán aproximadamente US$ 400 millones en concepto de IVA y alrededor de US$ 350 millones por Ingresos Brutos. Estos recursos se sumarán a la recaudación impositiva general y forman parte de los argumentos oficiales a favor del traspaso al sector privado.
- Venta del 90% de las acciones de AySA que hoy están en manos del Estado nacional.
- Mantenimiento del 10% accionario bajo propiedad de los trabajadores de la empresa.
- Inversiones obligatorias por más de US$ 2.000 millones en los primeros 5 años.
- Plan adicional de obras 2027-2031 por $2,89 billones (valores de diciembre de 2025, sin IVA).
- Metas de cobertura de agua y cloacas crecientes hasta 90% y 75% en 30 años.
“El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”, afirmó Luis Caputo.
Con la apertura de las ofertas técnicas, se inicia una etapa de evaluación que incluirá análisis de la capacidad operativa, antecedentes empresariales, respaldo financiero y planes de inversión detallados. Una vez concluido ese proceso, el Gobierno deberá seleccionar la propuesta que considere más conveniente para encarar la nueva etapa de AySA bajo administración privada, en un contexto de debate político y social sobre el rol del Estado en los servicios públicos esenciales.
