La marcha de 300 kilómetros que logró mover la Justicia en Salta
NewsITe
La lucha de Mariana Aranda, la mujer que caminó más de 300 kilómetros para exigir justicia por las muertes de su hija y su nieta durante una cesárea en Salta, obtuvo un primer resultado concreto. La Procuración General de la provincia resolvió que la causa pase a manos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro, un paso que abre nuevas expectativas para el avance de la investigación.
Aranda es madre de Valentina Cabana y abuela de la beba Isabelle Evangeline Cabana, quienes fallecieron tras una intervención realizada en la clínica San Antonio. Convencida de que hubo graves fallas en la atención médica, decidió emprender una caminata a pie desde su localidad hasta la capital salteña para visibilizar el caso y reclamar respuestas concretas por parte de las autoridades judiciales.
El viernes 19 de junio, la mujer fue recibida por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, en la sede del Ministerio Público Fiscal. Durante el encuentro, expuso en detalle sus reclamos, las dudas que persisten sobre el procedimiento médico y la necesidad de que se impulsen medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido en la sala de parto.
Días antes, el martes 16 de junio, Aranda había arribado a la ciudad de Salta luego de caminar más de 300 kilómetros. Allí fue recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, acompañado por sus asesores letrados. En esa reunión se plantearon una serie de inquietudes vinculadas al ritmo de la causa, que hasta entonces avanzaba con demoras y sin definiciones claras.
La intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas
Tras analizar el expediente y las actuaciones ya remitidas, el procurador García Castiella dictó la Resolución N° 1739/26. Mediante ese instrumento dispuso que la investigación quede a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro, conducida por el fiscal penal Santiago López Soto, especializada en casos complejos que involucran la muerte de personas.
Según se explicó oficialmente, esta fiscalía será la encargada de impulsar todas las peticiones necesarias para profundizar la pesquisa, ordenar nuevas pericias médicas, requerir documentación clínica y tomar declaraciones a los profesionales que intervinieron en la cesárea. Las cuestiones procesales que se generen deberán ser resueltas por el juez de Garantías que ya interviene en el expediente.
- La causa investiga las muertes de Valentina Cabana y su hija Isabelle tras una cesárea.
- La familia apunta a posibles negligencias en la atención brindada en la clínica San Antonio.
- La denuncia está radicada en el fuero penal y ahora quedó en manos de una unidad especializada.
“Solicité que se adopten todas las medidas posibles para que se esclarezca qué pasó con mi hija y mi nieta. No voy a dejar de caminar hasta conseguir justicia”, expresó Aranda en declaraciones a medios locales.
Con la reasignación de la causa, la familia de Valentina e Isabelle espera que se aceleren los tiempos judiciales y que el proceso permita determinar si hubo negligencia profesional o responsabilidades penales por las muertes. La caminata de más de 300 kilómetros convirtió su reclamo en un símbolo de perseverancia frente a la burocracia y reabrió el debate sobre la calidad de la atención obstétrica y los mecanismos de control en el sistema de salud privado.
