El TOF 7 evalúa hoy pedidos de casi 50 imputados para acordar reparaciones económicas y quedar fuera del proceso fijado para el 6 de noviembre; la audiencia es virtual y la impulsó la fiscal general Fabiana León.
El Tribunal Oral Federal 7 evalúa hoy los pedidos de casi 50 imputados en la Causa Cuadernos que buscan un acuerdo económico para evitar ir a juicio, previsto para el 6 de noviembre. La audiencia, que se realiza de manera virtual, fue a pedido de la fiscal general Fabiana León, quien planteó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli la necesidad de un espacio para que defensores de empresarios y exfuncionarios detallen sus argumentos.
La causa tiene 174 procesados, 30 de ellos arrepentidos, 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada uno y un total de 540 hechos bajo la lupa. Entre los imputados aparece la expresidenta Cristina Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita.
Las defensas sostienen que un juicio con esa cantidad de acusados, con audiencias semanales y más de 600 testigos, podría extenderse por años, incluida la etapa de apelaciones y la revisión final de la Corte Suprema. En ese marco, pidieron la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Ministerio Público Fiscal.
Entre los empresarios que se presentaron figuran Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos De Goycochea, César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián Ezequiel García Ramón y Sergio Taselli, entre otros. Según trascendió, Taselli ofreció 10 mil dólares y Pescarmona 500 millones de pesos. Mientras tanto, Clarens, financista de los Kirchner, ofreció un barco y un departamento en Estados Unidos por un valor equivalente de 1,5 millones de dólares.
La reparación del daño es una herramienta prevista en el Código Penal y permite extinguir la acción penal una vez que se abona el monto equivalente al daño generado por el delito, evitando así el juicio. A diferencia del juicio abreviado, donde el imputado reconoce los cargos y acuerda una pena con la fiscalía, la reparación no exige admisión de culpa. En caso de que los jueces acepten la propuesta de los empresarios, quedarían sobreseídos.
Durante la sesión de hoy, el TOF 7 escucha a los empresarios para que amplíen sus posturas. Luego intervendrá la fiscal León y comenzarán los plazos para que los magistrados resuelvan.
La investigación surgió a partir de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces Ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido. El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.
El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes y otros abiertos por confesiones de acusados. En la instrucción se determinó que participaron 16 personas y realizaron operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, compraron decenas de bienes inmuebles, una parte de los cuales quedó en manos del Estado. El listado incluye casas, estancias, departamentos y hasta una cochera, distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Miami y —según se supo ahora— el Caribe.
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