Argentina lleva al Tribunal del Mar su reclamo por el petróleo en Malvinas
NewsITe
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el plano internacional. Una delegación del Gobierno argentino expuso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), para solicitar medidas provisionales que frenen la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en manos de empresas autorizadas por el Reino Unido.
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El planteo argentino apunta de manera directa al proyecto Sea Lion, liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas operan bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en la plataforma continental que rodea a las islas, un territorio que Argentina considera parte integral de su soberanía y cuya descolonización, recuerda, continúa pendiente en el marco de las Naciones Unidas.
Durante la audiencia, el Consejero Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, que actuó como agente ante el Tribunal, subrayó el carácter no renovable de los hidrocarburos y alertó sobre el daño irreversible que implicaría avanzar con la perforación. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, argumentó, al tiempo que remarcó que la perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino.
El Gobierno cuestiona que el Reino Unido haya autorizado «unilateralmente» la explotación de petróleo y gas en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa. Pese a los reclamos argentinos, las autoridades británicas habilitaron un cronograma de trabajo que establece el inicio de las perforaciones a principios de 2027, aunque luego adelantaron la fecha al 21 de marzo del próximo año y extendieron por cinco años las licencias de producción.
Un proyecto de largo plazo y un reclamo por protección efectiva
De acuerdo con la documentación del caso, el proyecto Sea Lion prevé la explotación de la cuenca durante unos 35 años, con la posibilidad de perforar al menos 23 pozos de producción e iniciar nuevas etapas de desarrollo. Para la Argentina, permitir que se avance con esas tareas mientras se sustancia el arbitraje internacional agravaría la controversia y dejaría sin efecto cualquier decisión futura.
En esa línea, Oyarzábal pidió que el Tribunal del Mar ordene medidas que suspendan la ejecución del proyecto hasta que el Tribunal Arbitral se expida sobre el fondo de la cuestión. Advirtió que, de seguir los plazos anunciados, los trabajos preparatorios podrían estar ya en marcha cuando llegue una resolución definitiva, lo que impediría brindar una protección efectiva a los derechos argentinos sobre los recursos naturales de la zona.
- El proyecto Sea Lion contempla 35 años de explotación continua en la Cuenca Malvinas Norte.
- La perforación inicial podría alcanzar al menos 23 pozos de producción de hidrocarburos.
- El Reino Unido prorrogó por cinco años las licencias otorgadas a las empresas operadoras.
“El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto y ninguna indemnización posterior podría restablecer el status quo”, sostuvo Oyarzábal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La delegación argentina estuvo integrada además por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Tras la exposición argentina, fue el turno de la presentación británica. Este miércoles se realizará la segunda y última ronda de intervenciones, instancia clave para definir si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar hace lugar al pedido de medidas provisorias, en un caso que vuelve a colocar la cuestión Malvinas y la protección de los recursos naturales en el centro de la agenda diplomática.
