La Justicia bonaerense cerró la investigación por falta de pruebas
NewsITe
La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso el archivo de la causa por presunta comercialización de estupefacientes contra el concejal oficialista Javier Tarragona, al considerar que no existían elementos mínimos que permitieran avanzar con una investigación penal sólida.
La resolución, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, fue firmada por una fiscalía del Departamento Judicial de Moreno–General Rodríguez. En el dictamen se ordena el archivo de las actuaciones en los términos del artículo 268 del Código Procesal Penal bonaerense, figura procesal que se aplica cuando no hay pruebas suficientes para promover la acción penal.
El expediente se había iniciado a raíz de una presentación del secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal, Nicolás Rappazzo. En esa denuncia se volcó el testimonio de un vecino —cuya identidad se mantuvo en reserva— que vinculaba a Tarragona con una supuesta “cocina” de cocaína y con una estructura dedicada a la comercialización de drogas.
Sin embargo, al momento de ratificar la denuncia no se incorporaron datos concretos que permitieran precisar el marco de esas acusaciones. La Fiscalía remarcó que no se había indicado en qué fechas habrían ocurrido los hechos, dónde estaría ubicada la presunta instalación destinada a producir drogas ni quiénes serían los otros integrantes de la supuesta organización criminal.
Críticas a una pesquisa basada solo en sospechas
En su resolución, el fiscal cuestionó la posibilidad de impulsar medidas de prueba sin una hipótesis de investigación debidamente delimitada. Impulsar la causa en esas condiciones —sostuvo— implicaría habilitar una pesquisa meramente exploratoria, a la espera de que “algo” aparezca.
El dictamen advirtió que “promover la instrucción sobre una base de actos de investigación a resultancia se traduce en la búsqueda de algo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer”, una metodología que el propio funcionario judicial equiparó a una “caza de brujas”, al no apoyarse en elementos objetivos previos.
Tras tomar conocimiento de la denuncia, el propio Tarragona se presentó de manera espontánea ante la Justicia acompañado por su abogado defensor. Allí puso a disposición su teléfono celular, la tarjeta SIM y el código PIN, con el propósito de que sus comunicaciones pudieran ser analizadas por los investigadores en caso de ser necesario.
Informes oficiales y posible reapertura futura
En paralelo, la Fiscalía solicitó informes a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Fiscalía General departamental. De acuerdo con la resolución, esas consultas no arrojaron antecedentes penales ni investigaciones en curso vinculadas con el concejal en materia de narcotráfico o comercialización de estupefacientes.
El pronunciamiento también mencionó la amplia repercusión que tuvo la denuncia en los medios de comunicación casi en simultáneo con su presentación judicial. El fiscal advirtió que esa “inmediata repercusión mediática y estado público” podía resultar contraproducente para cualquier investigación compleja vinculada al narcotráfico, donde suele requerirse un estricto sigilo en las primeras diligencias.
Ante la ausencia de elementos fácticos concretos, promover diligencias de investigación se traduciría en medidas meramente exploratorias, incompatibles con los principios del proceso penal.
Con ese conjunto de argumentos, la Fiscalía resolvió archivar las actuaciones contra Javier Tarragona por falta de elementos suficientes para impulsar la acción penal. No obstante, el cierre no es definitivo: como marca la normativa, el expediente podría reabrirse si en el futuro se incorporan nuevas pruebas o datos relevantes que justifiquen retomar la investigación.
