Anses condiciona la devolución de la pensión de privilegio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solicitó a la Justicia que se fije una caución real o personal como requisito indispensable antes de concretar la devolución de la pensión de privilegio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El planteo, presentado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, apunta a resguardar los fondos públicos en caso de que la Corte Suprema de Justicia revoque la medida cautelar que ordenó restituir el pago del beneficio. La presentación se apoya en el artículo 5 de la Ley 26.854, que obliga a quien obtiene una medida cautelar contra el Estado a ofrecer una garantía por los eventuales daños y perjuicios.
De acuerdo con estimaciones oficiales mencionadas en el expediente, la asignación mensual vitalicia reclamada por la también titular del Partido Justicialista equivale a 38 haberes jubilatorios mínimos, lo que representaría en la actualidad alrededor de 15,3 millones de pesos al mes. El monto surge de la condición de Cristina Kirchner como viuda del ex presidente Néstor Kirchner y del régimen especial que rige para las pensiones de ex mandatarios.
Con la exigencia de una caución, Anses busca asegurarse de que el Estado Nacional pueda recuperar las sumas que eventualmente se liquiden, en caso de que el fallo definitivo sobre la validez del beneficio resulte contrario a los intereses de la ex jefa de Estado. La discusión se enmarca en una fuerte puja política y judicial en torno a los privilegios de la clase dirigente.
Antecedentes del caso y medidas judiciales
La pensión de privilegio de Cristina Kirchner fue dada de baja en noviembre de 2024 por decisión del Gobierno Nacional. El oficialismo argumentó entonces que la ex mandataria había perdido el “honor y mérito” necesarios para conservar ese beneficio, tras la ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria.
En respuesta, la defensa de la ex presidenta acudió a la Justicia y la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó una medida cautelar a su favor. El tribunal ordenó restituir temporalmente el pago de la prestación al considerar su carácter alimentario y rechazó los recursos del Poder Ejecutivo que buscaban frenar la resolución.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, llevó la disputa directamente a la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de queja, con el objetivo de lograr la suspensión definitiva del beneficio. La intervención del máximo tribunal será clave para definir no sólo la situación particular de Cristina Kirchner, sino también el alcance futuro de los regímenes especiales de pensiones para ex presidentes.
La caución solicitada por Anses se apoya en la Ley 26.854, que obliga a garantizar los posibles perjuicios al Estado antes de ejecutar una medida cautelar.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate público el alcance de las jubilaciones de privilegio y el rol de la Justicia en la revisión de los beneficios que alcanzan a la dirigencia política, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reclamos por mayor equidad en el sistema previsional.

