Amplio respaldo político al nuevo marco para la discapacidad
NewsITe
El Senado de la Nación dio un paso clave hacia la sanción de una nueva ley de discapacidad, al emitir un dictamen con amplio consenso en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La iniciativa, que el oficialismo buscará convertir en ley en la sesión prevista para el 19 de noviembre, apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios para las personas con discapacidad, más allá del régimen de emergencia vigente.
El dictamen fue acompañado por senadores de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y espacios provinciales, lo que configura una mayoría holgada y marca una señal política de acuerdo transversal en un tema sensible de la agenda social.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la decisión de mantener los principales beneficios previstos en la ley de emergencia, especialmente la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo registrado. El objetivo es promover la inserción laboral sin que ello implique la pérdida de la cobertura económica ni de las prestaciones que hoy reciben las personas con discapacidad.
Claves del proyecto y posiciones en el debate
Durante la discusión en comisión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, subrayó que el nuevo marco legal busca superar la lógica de la emergencia sin desproteger derechos adquiridos. En ese sentido, valoró que el Congreso haya asumido el desafío de encontrar “una salida” de largo plazo en lugar de profundizar las tensiones políticas en torno al tema.
- Compatibilidad entre pensión por discapacidad y empleo formal, para alentar la autonomía económica.
- Mantenimiento de incentivos y beneficios para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
- Ratificación del régimen de empleo protegido y de la cobertura de salud específica.
- Continuidad de prestaciones esenciales que estaban vinculadas al esquema de emergencia.
Bullrich hizo hincapié en que el trabajo es una herramienta central para la integración plena: sostuvo que, cuando se facilita el acceso al empleo, se alivian presiones económicas sobre las familias y se amplían las posibilidades de desarrollo personal y social de quienes tienen algún tipo de discapacidad.
“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó la senadora, al defender el proyecto en la reunión de comisión.
Un reclamo de aliados y la discusión que viene
La aprobación de la norma aparece como una respuesta directa a la demanda de los bloques aliados al Gobierno, que reclamaban una ley que diera certidumbre sobre la continuidad de las prestaciones, luego de que la oposición impulsara una ley de emergencia el año pasado, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.
De cara a la sesión del 19 de noviembre, se espera que el debate en el recinto vuelva sobre algunos ejes sensibles: el alcance real de los beneficios, el financiamiento del sistema, el seguimiento de los programas de empleo protegido y el rol de las provincias en la implementación de la nueva ley.
Organizaciones de personas con discapacidad y familiares siguen de cerca el tratamiento parlamentario, con el foco puesto en que la transición desde la emergencia hacia un marco permanente no implique retrocesos en derechos ni demoras en el acceso a prestaciones básicas de salud, educación, rehabilitación y asistencia social.
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo confía en lograr la sanción definitiva en el corto plazo, en un tema donde, al menos por ahora, parece prevalecer el consenso por sobre la confrontación política.
