Amnistía Internacional advierte por un grave retroceso en derechos
NewsITe
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, Amnistía Internacional encendió una fuerte alarma sobre el rumbo de las políticas públicas destinadas a garantizar la salud sexual y reproductiva en Argentina. La organización advirtió por un proceso de desmantelamiento de programas clave y la falta de insumos esenciales, lo que impacta de manera directa sobre los derechos y la vida de mujeres, adolescentes y personas gestantes en todo el país.
Según el análisis de la entidad, desde 2023 el gobierno nacional dejó de adquirir y distribuir de forma regular medicamentos e insumos básicos para garantizar el acceso efectivo al aborto legal, seguro y gratuito. Este escenario, remarcan, profundiza las desigualdades territoriales: mientras algunas jurisdicciones cuentan con stock limitado, en otras el acceso se vuelve prácticamente imposible, obligando a muchas personas a interrumpir sus embarazos en condiciones de riesgo o a no poder hacerlo.
Amnistía Internacional también denunció una caída drástica en la provisión de métodos anticonceptivos, pastillas de anticoncepción de emergencia y test de embarazo. Entre 2023 y 2024, la distribución de estos insumos se habría reducido en un 81%, un dato que preocupa en un país que aún enfrenta altos índices de embarazos no intencionales, especialmente en la adolescencia, y donde persisten marcadas brechas de acceso entre regiones urbanas y zonas rurales.
La organización remarcó, además, que durante 2025 el Estado nacional no distribuyó preservativos, en un contexto sanitario delicado: la sífilis registra niveles récord y otras infecciones de transmisión sexual mantienen una circulación sostenida. Especialistas en salud pública advierten que la interrupción de esta política preventiva, de larga data en Argentina, incrementa los riesgos de contagio y posterga el derecho a una vida sexual segura e informada.
Retrocesos en prevención, educación y protección de adolescentes
Otro de los puntos señalados por Amnistía es el debilitamiento de las campañas oficiales de información y prevención vinculadas a salud sexual y reproductiva. En paralelo, denunció el desfinanciamiento del Plan Nacional ENIA (Embarazo no Intencional en la Adolescencia), un programa interministerial que entre 2018 y 2023 logró reducir en alrededor de un 50% la tasa específica de embarazo adolescente, combinando educación sexual integral, acompañamiento territorial y acceso a métodos anticonceptivos.
- Falta de compra y distribución de insumos para garantizar el derecho al aborto.
- Caída del 81% en la entrega de anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo.
- Interrupción de la distribución de preservativos en 2025, en pleno aumento de la sífilis.
- Desfinanciamiento del Plan ENIA y debilitamiento de campañas de prevención.
“En un contexto en el que la razón de la mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023, el Estado no solo incumple su obligación de garantizar el derecho al aborto; también se desentiende de implementar políticas de información, prevención y educación en salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo la autonomía, la salud y, en muchos casos, la vida de niñas, adolescentes y mujeres”, señaló Amnistía Internacional.
Las advertencias de la organización se dan en un escenario político y económico atravesado por fuertes ajustes presupuestarios y reformas laborales sin perspectiva de género. Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos reclaman que el Estado retome de manera urgente la compra y distribución de insumos, restituya el financiamiento de programas como ENIA y garantice políticas integrales de prevención de la violencia de género, educación sexual integral y acceso a servicios de salud reproductiva en todo el territorio nacional.
En vísperas de nuevos debates legislativos y judiciales sobre la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la continuidad de políticas de género, Amnistía Internacional insistió en que los recortes actuales pueden tener consecuencias irreversibles en términos de mortalidad materna, embarazos no deseados y vulneración de derechos básicos. La organización pidió que el Estado argentino cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y coloque la salud sexual y reproductiva como una prioridad en la agenda pública.
