Alonso defendió el reordenamiento y los controles en la Villa 31
NewsITe
La legisladora porteña Laura Alonso destacó los operativos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene realizando en la Villa 31, en el marco de una política de reordenamiento del espacio público impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. En declaraciones radiales, la ex titular de la Oficina Anticorrupción sostuvo que el objetivo central es hacer cumplir la normativa urbana y garantizar que “la ley sea igual para todos”.
Alonso recordó que esta línea de acción comenzó al inicio de la actual gestión porteña, con controles más estrictos sobre la ocupación del espacio público. Mencionó, por ejemplo, los operativos contra los manteros y la actuación coordinada entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y de la Nación para intervenir en piquetes y acampes. Según la legisladora, la Policía de la Ciudad logró controlar “el 80% de los intentos de piquetes” registrados en los últimos meses.
En este contexto, la legisladora explicó que la política de ordenamiento “ahora llega también a las villas”, y puso el foco en el caso puntual de la Villa 31. Allí, en los últimos días se realizaron procedimientos para frenar el crecimiento edilicio en altura, una práctica que está prohibida por la normativa vigente pero que, aseguró, no se controlaba con la misma firmeza en años anteriores.
Alonso detalló que esta semana se concretó un operativo a partir de la decisión de peatonalizar 5 de los 23 accesos al barrio. Los restantes ingresos, indicó, están bajo vigilancia permanente, con controles las 24 horas por parte de la Policía de la Ciudad, para monitorear el ingreso de vehículos y materiales de construcción.
Controles, construcciones irregulares y respuesta vecinal
La legisladora subrayó que la presencia policial y el cierre parcial de accesos no sólo buscan prevenir delitos sino también impedir que continúe el ingreso de camiones con materiales que alimenten nuevas construcciones irregulares o la ampliación de las ya existentes. Según sostuvo, detrás de estas obras se esconde “una mafia” que se dedica a levantar edificios sin habilitación y luego subalquilar habitaciones a precios muy elevados.
Alonso indicó que este tipo de edificaciones generan riesgos estructurales y de seguridad para quienes viven en el barrio. Relató que, en conversaciones con vecinos, muchos expresaron preocupación por la calidad de las construcciones y por la falta de controles en comercios y viviendas. En ese marco, la legisladora remarcó la necesidad de avanzar en la regularización urbana, con habilitaciones, verificaciones técnicas y condiciones adecuadas de habitabilidad.
De acuerdo con su testimonio, la respuesta vecinal a los recientes operativos fue mayoritariamente positiva. “Los vecinos están muy contentos”, señaló, al considerar que el reordenamiento y los controles permanentes pueden contribuir a mejorar la seguridad, ordenar la circulación interna y reducir la influencia de actores informales vinculados a negocios ilegales dentro de la Villa 31.
“Es una decisión del Jefe de Gobierno donde el concepto general es que la ley es igual para todos”, enfatizó Laura Alonso al respaldar los operativos en la Villa 31.
Con esta estrategia, el gobierno porteño busca consolidar una presencia más activa en los barrios populares, combinando control del espacio público con medidas orientadas a la seguridad y a la regularización urbana. El debate sobre el alcance y el impacto social de estos operativos continuará abierto en la agenda política de la Ciudad.
