Allanan viviendas de penitenciarios acusados de torturas y abusos
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La Plata.– La fiscalía que investiga graves hechos de violencia institucional en el Penal N° 51 de Magdalena ordenó en las últimas horas el allanamiento de los domicilios de los quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detenidos, sospechados de haber torturado y abusado sexualmente de internas alojadas en esa unidad, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital bonaerense.
Las medidas fueron requeridas por la Unidad Funcional de Instrucción interviniente y avaladas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Penal N° 4 de La Plata. Con los allanamientos se busca asegurar elementos de prueba y avanzar hacia las indagatorias, que se realizarán en las próximas horas, en el marco de una causa que puso bajo la lupa el accionar del SPB y las condiciones de detención de mujeres privadas de la libertad.
Fuentes judiciales señalaron a Noticias Argentinas que tanto el Ministerio de Justicia bonaerense como la cúpula del SPB aportaron documentación y registros internos requeridos por la fiscalía, y destacaron que hasta el momento la actitud ha sido “colaborativa”, lo que permitiría imprimirle mayor celeridad al expediente. La investigación se abrió en junio a partir de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que actúa como querellante institucional en casos de violencia estatal.
Una noche de violencia extrema en el penal de mujeres
Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. Todo se originó en una pelea menor entre dos internas en uno de los pabellones. A partir de ese episodio, personal penitenciario habría irrumpido en el sector utilizando gas pimienta en espacios cerrados y bloqueando las salidas, lo que dejó a las reclusas sin posibilidad de resguardo.
De acuerdo con los relatos incorporados al expediente, las detenidas fueron obligadas a desnudarse frente a agentes masculinos y, ante la resistencia de algunas de ellas, se habrían desplegado prácticas que la fiscalía encuadra como “torturas y tormentos físicos”, además de maniobras de carácter sexual que se investigan como abusos agravados por la condición de las víctimas y por la calidad de funcionarios públicos de los imputados.
La causa apunta a reconstruir minuto a minuto lo ocurrido, determinar el grado de responsabilidad de cada efectivo y establecer si existieron órdenes superiores o un plan organizado. Para ello se analizan registros del penal, comunicaciones internas, cámaras de seguridad y peritajes médicos y psicológicos sobre las mujeres afectadas, así como testimonios de otras detenidas y del personal que se encontraba de servicio.
Quiénes son los quince agentes del SPB bajo sospecha
Entre los quince imputados hay ocho mujeres y siete hombres que cumplían funciones en distintas áreas del Penal N° 51, desde jefaturas de vigilancia hasta puestos de guardia y enfermería. Para la fiscalía, la participación fue diversa pero articulada, con distintas figuras penales que van desde la autoría de torturas hasta la coautoría o participación necesaria en abusos sexuales.
- Daiana Belén Balmaceda, alcaide mayor y jefa de Vigilancia y Tratamiento, está sindicada como autora del delito de tortura respecto de tres víctimas y coautora de abuso sexual agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad.
- María Belén Toledo, alcaide y subjefa de Vigilancia, es considerada autora de torturas contra cuatro internas y de abuso sexual agravado.
- Daiana Ayelén Villafañe, alcaide y coordinadora de Régimen Abierto, enfrenta cargos como autora de torturas a cuatro víctimas y partícipe necesaria de abusos sexuales agravados.
- Antonela Belén Cingolani, alcaide y jefa de Requisa, está acusada de torturas y abuso sexual agravado.
- Agustina Ailén Orona, adjutor y encargada de turno, es investigada por torturas con abuso sexual y por facilitar que los hechos se cometieran contra al menos cuatro detenidas.
- Florencia Anahí Ortiz, adjutor e inspectora de Vigilancia, fue imputada por abuso sexual y torturas a cuatro internas.
- Raquel Noemí Boccardo, prefecto mayor y enfermera, fue señalada como partícipe necesaria del delito de torturas contra dos reclusas.
- Gisela Mailín Iguarán, suboficial principal de guardia, enfrenta cargos por torturas y abuso sexual agravado contra cuatro detenidas.
- Carlos Miguel Tocci, inspector mayor y subdirector de Seguridad, está acusado como partícipe necesario de torturas a cuatro internas y coautor de abuso sexual.
- Juan Manuel Villena, inspector mayor y subdirector de Régimen, es investigado como partícipe necesario de tortura y abuso sexual contra una detenida.
- Miguel A. Eduardo Villota, prefecto mayor y subdirector de Inclusión, fue imputado como partícipe necesario de torturas y abuso sexual agravado contra cuatro reclusas.
- Facundo Sebastián Medina, prefecto mayor y jefe de turno, enfrenta cargos por tortura y abuso sexual contra una víctima.
- Lucas Germán Dama, cabo del SPB, está acusado de torturas a cuatro internas y de ser partícipe necesario de abuso sexual agravado.
- Carlos Alberto Salice, guardia del SPB, fue imputado por torturas a cuatro internas y participación necesaria en abuso sexual doblemente agravado.
- Juan Antonio Juajena, guardia del SPB, enfrenta cargos similares: tortura a cuatro internas y participación necesaria en abuso sexual doblemente agravado.
La Comisión Provincial por la Memoria remarcó que el caso expone “la persistencia de prácticas estructurales de violencia estatal en contextos de encierro”, y reclamó garantías efectivas para las víctimas y testigos a lo largo de todo el proceso judicial.
La causa penal se inscribe en un contexto de reiteradas denuncias por violencia en cárceles bonaerenses y vuelve a poner en debate los mecanismos de control, la formación del personal penitenciario y las condiciones de detención. El avance de las indagatorias y de los peritajes será clave para definir eventuales pedidos de prisión preventiva y la elevación a juicio oral de uno de los expedientes más sensibles del último tiempo en materia de derechos humanos en la Provincia.
