Un geriátrico en la mira y la gestión de Alak bajo presión
NewsITe
La Plata atraviesa una fuerte controversia institucional luego de que la familia de una adulta mayor fallecida denunciara penal y administrativamente al geriátrico Nuevo Florecer, ubicado en calle 116 y 38. El caso salpica de lleno a la gestión del intendente Julio Alak, ya que el establecimiento funcionaba sin contar con la habilitación definitiva, pese a haber sido inspeccionado por las autoridades.
Según trascendió en ámbitos judiciales y municipales, una inspección oficial había constatado previamente que la residencia había subsanado diversas infracciones, pero al mismo tiempo dejó asentado que el trámite de habilitación todavía estaba en curso. Esa combinación –correcciones realizadas pero expediente sin cerrar– reaviva el debate sobre el alcance real de los controles estatales sobre los geriátricos en la capital bonaerense.
La situación plantea interrogantes sobre el rol del municipio en la supervisión de las residencias para adultos mayores. Si bien la habilitación involucra organismos provinciales, en una ciudad como La Plata, con estructura administrativa y áreas específicas de inspección, el gobierno local no puede desentenderse de lo que ocurre en su territorio. La falta de una habilitación definitiva no impidió que el lugar siguiera alojando pacientes, y el problema recién quedó expuesto tras la muerte de una residente.
Exigencias de transparencia y controles efectivos
En este contexto, el gobierno municipal se enfrenta ahora al desafío de brindar respuestas concretas. Distintas voces del ámbito social y político reclaman que se informe cuántas residencias de adultos mayores funcionan en La Plata, cuáles cuentan con habilitación definitiva, cuáles están en trámite y con qué frecuencia se realizan inspecciones. También se pide la creación –o actualización– de un registro local accesible para las familias, que permita conocer el estado legal y sanitario de cada institución.
La gestión de Alak suele destacar el ordenamiento del espacio urbano y la recuperación de la presencia del Estado como ejes de su discurso. Sin embargo, el caso Nuevo Florecer deja en evidencia una zona crítica: la protección efectiva de adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuando las fiscalizaciones llegan tarde o se limitan a observar expedientes en trámite, la prevención se vuelve insuficiente.
- Pedido de información clara sobre cuántos geriátricos están habilitados.
- Reclamo por un sistema de inspecciones más frecuente y riguroso.
- Demanda de un registro público y actualizado para orientar a las familias.
La responsabilidad municipal empieza antes de la tragedia: se trata de detectar riesgos, exigir respuestas a cada nivel del Estado y garantizar que los abuelos estén protegidos.
El desenlace en Nuevo Florecer obliga a la administración de Alak a revisar los protocolos de control y a demostrar, con medidas concretas, que existe una política integral de fiscalización sobre geriátricos. Porque cuando el Estado reacciona recién después de una denuncia familiar y no antes, el costo lo terminan pagando las personas que menos pueden defenderse.
