AFA judicializa el conflicto con la IGJ por la designación de veedores

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que acudirá a la Justicia para frenar la veeduría impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para relevar documentación contable y financiera de la entidad que conduce Claudio Tapia.
A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la casa madre del fútbol argentino calificó la medida como una “veeduría ilegítima” y sostuvo que el pedido de la IGJ se basa en “hechos falsos o tergiversados” y responde a una “finalidad política ajena a la ley”. La resolución lleva la firma del inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, y se enmarca en las facultades de fiscalización de ese organismo.
La IGJ había solicitado al Ministerio de Justicia la designación de veedores para controlar información contable y financiera que, según señaló, fue requerida previamente sin obtener respuesta satisfactoria. El objetivo formal es verificar presuntas “graves irregularidades” en el funcionamiento de la AFA. Desde el organismo se remarcó que no se trata de una intervención ni de una sanción, sino de una veeduría informativa.
En la AFA, sin embargo, interpretan la decisión como un avance sobre la autonomía de la institución y adelantaron que en las próximas horas presentarán los recursos judiciales correspondientes para pedir que el acto sea declarado nulo. Entre las instancias previstas mencionan la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si fuera necesario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Referencia al antecedente Bullrich y la disputa por el modelo de clubes
En su comunicado, la AFA trazó un paralelismo con el llamado “caso Bullrich”, en el que la IGJ dispuso la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), entonces presidido por Patricia Bullrich, hoy senadora nacional. La entidad recordó que la Sala M de la Cámara Civil anuló aquella intervención por considerar que se violó el debido proceso.
Según la AFA, los argumentos esgrimidos ahora por la IGJ —falta de información, sospechas sobre el manejo de fondos y presuntas irregularidades— son similares a los que, en ese antecedente, fueron desestimados por la Justicia. Por ello, sostiene que el nuevo accionar del organismo de control repite un “libreto” ya cuestionado judicialmente.
La dirigencia del fútbol argentino también enmarca el conflicto en la discusión más amplia sobre el futuro del modelo de clubes en el país. Asegura que detrás de la veeduría hay una “política pública” destinada a debilitar a la AFA para favorecer la instalación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en detrimento del tradicional esquema de clubes sociales con participación de socios.
“El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”, remarcó la AFA, al ratificar que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas”.
Mientras la IGJ sostiene que sólo busca garantizar transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes, la AFA se prepara para dar una batalla judicial que puede sentar un precedente sobre el alcance del control estatal en las asociaciones civiles deportivas y sobre el rol de los clubes en el fútbol argentino.

