Adorni habló del futuro de la TV Pública y anticipó cambios profundos
NewsITe
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de llegar incluso a cerrar la TV Pública, aunque por el momento la decisión oficial pasa por un cambio de nombre y un fuerte proceso de achique interno. El funcionario remarcó que, si bien la ley impide hoy su privatización, el Poder Ejecutivo buscará reducir al máximo la estructura del canal estatal para limitar el gasto.
“Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre”, expresó Adorni en una transmisión por streaming, donde defendió la línea política que impulsa La Libertad Avanza (LLA) sobre los medios públicos.
En ese marco, el jefe de Gabinete dio por hecho que la señal dejará de llamarse TV Pública. Según explicó, el cambio de denominación forma parte de un “cambio simbólico” que el oficialismo pretende mostrar mediante retiros voluntarios y distintas medidas administrativas, con el objetivo de redefinir la impronta del canal. Incluso deslizó que el nombre actual podría asociarse, a su juicio, con una etapa “kirchnerista”.
Adorni recordó además que, desde la asunción del presidente Javier Milei, existe la orden de retirar toda cartelería y elementos con “contenido ideológico” en dependencias estatales, criterio que también se aplica a Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que agrupa a la TV Pública y Radio Nacional.
Reestructuración, retiros voluntarios y situación laboral
La TV Pública se encuentra bajo intervención estatal, en el marco de la continuidad de la intervención de RTA, prorrogada recientemente a través del Decreto 79/2026 hasta el 1º de febrero de 2027. En ese período, el Gobierno impulsa una profunda reestructuración que impacta tanto en la pantalla como en la situación laboral de sus trabajadores.
Uno de los ejes centrales del plan oficial es el programa de retiros voluntarios, con el que el Ejecutivo busca recortar alrededor de 500 puestos, cerca del 20% de una planta total de 2.400 empleados entre la TV Pública y las 50 emisoras de Radio Nacional. La medida alcanza a periodistas, productores, personal técnico y administrativo.
De acuerdo con la visión de la Jefatura de Gabinete, la dotación actual es “excesiva”. Sólo en la TV Pública, la planta ronda los 1.300 trabajadores, cifra que la administración Milei considera incompatible con el esquema de recorte del gasto público que se propone sostener.
Salarios, conflicto gremial y defensa de los medios públicos
El ajuste en los medios estatales se da en paralelo a un fuerte conflicto gremial. Sindicatos como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denuncian una marcada pérdida del poder adquisitivo, dado que, según advierten, los salarios permanecen virtualmente congelados desde agosto de 2024. Esta situación empujó a muchos empleados por debajo de la línea de pobreza y motivó reclamos y medidas de fuerza.
Las organizaciones sindicales también cuestionan la reforma laboral impulsada por el oficialismo y alertan que podría provocar un “daño irreversible” en el sistema de medios públicos. La combinación de recortes, retiros voluntarios y cambios en la normativa laboral es vista por los gremios como una amenaza directa a la estabilidad del empleo y al rol informativo del Estado.
“Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre”, afirmó Manuel Adorni al referirse al futuro de la TV Pública.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reducir costos y reorientar la función de la TV Pública, los trabajadores y sus representantes advierten sobre el riesgo de desmantelamiento del servicio y reclaman una discusión amplia sobre el papel de los medios estatales en la democracia argentina.
