Los acreedores que el plan de pago es abusivo, genera una quita del 93% y no respeta la Ley de Concursos y Quiebras
El proceso de cramdown de Vicentin volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la presentación de un grupo de acreedores granarios ante la Justicia. El escrito, firmado por el abogado Mateo Germán Schott en representación de siete acreedores, apunta contra la propuesta de Grassi SA por considerarla ilegal y perjudicial.
Los puntos centrales de la objeción
La demanda sostiene que la oferta de Grassi contempla un dividendo inferior al que correspondería en caso de liquidación de los bienes de la agroexportadora. Además, advierte que somete a los acreedores disidentes a condiciones abusivas y discriminatorias, vulnerando la normativa vigente.
Uno de los aspectos más cuestionados es la llamada “propuesta residual”, que ubica automáticamente a quienes no adhieran a ninguna opción en un esquema de cobro del 40% del crédito en diez cuotas anuales. El plan prevé que la cuota más significativa se abone recién en 2036, con un interés del 1,2% anual en dólares a partir del segundo año.
La quita y el impacto sobre los acreedores
Según cálculos de los demandantes, esa fórmula implica una quita real de entre el 93% y el 97%, incumpliendo el requisito legal de garantizar un dividendo no inferior al de la quiebra. También remarcan que el mecanismo castiga a quienes no expresen adhesión, imponiéndoles la peor de las alternativas mientras que otras opciones ofrecen pagos inmediatos con menores reducciones.
En este sentido, los acreedores sostienen que la propuesta vicia la voluntad del conjunto y limita su libertad de elección. Para ellos, el plan de Grassi presiona a los acreedores para firmar conformidades bajo la amenaza de quedar fuera de los cobros más beneficiosos.
