El 17 de noviembre del año pasado, Cristian Monsalves (20) y Genaro Sandoval (16) fueron asesinados por un único disparo efectuado desde un arma de alta letalidad. Por el hecho, ocurrido en la Costanera Alta, fueron imputados y apresados dos menores. A un año del crimen, la causa se encuentra elevada a juicio y próxima a resolverse en un procedimiento abreviado.
De la redacción de EL NORTE
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Los trágicos episodios que culminaron con las dos muertes habían ocurrido en las primeras horas del domingo 17 de noviembre del año pasado, alrededor de las dos y media de la mañana. Un grupo de motoqueros que acostumbraban a circular con armas y correr picadas se encontraban reunidos en la zona de la Costanera Alta cuando se produjo una fuerte discusión entre al menos cuatro sujetos. Dos de ellos trataron de poner distancia, escapando en moto del lugar. Uno de los oponentes tomó un arma de fuego y efectuó un disparo a corta distancia que ingresó por la espalda de una de las víctimas y continuó la trayectoria atravesando su cuerpo hasta impactar también contra quien conducía el rodado. Ambos cayeron a pocos metros y fallecieron luego como consecuencia de las heridas recibidas. Uno de los heridos, Cristian Adrián Monsalves, de 20 años, fue trasladado en un móvil policial al Hospital San Felipe con una gravísima herida en el tórax. Poco después es ingresado en el mismo nosocomio Genaro Sandoval, de 16, quien había sido llevado por familiares. Nada pudieron hacer los profesionales por salvar sus vidas.
Conforme a la información oficial recibida, tanto las víctimas como los agresores poseen antecedentes de conflicto con la Justicia por resistencia a la autoridad, robo, robo calificado, infracción al art. 289 del Código Penal, infracción a la Ley 23.737, y se presume que el hecho fue perpetrado por un “ajuste de cuentas”. El ciclomotor en el que circulaban las víctimas fue incautado en uno de los cinco allanamientos efectuados en razón del hecho y poseía pedido de secuestro por robo.
El arma de gran calibre que ultimó a los jóvenes, considerada de guerra y que podría ser una Magnum 357, que en principio no había sido hallada, finalmente fue localizada días después de acontecido el hecho.
La acusación
Dos menores fueron señalados por el crimen de Genaro Sandoval y de Cristian Monsalves. S. B. y L. R., de 17 y 16 años, respectivamente, al momento de los hechos, están acusados de accionar el arma que con un único disparo provocó la muerte de ambos jóvenes, cuando tras una discusión escapaban en moto tratando de poner distancia.
Luego de permanecer prófugos por más de 24 horas, los acusados se entregaron con poca diferencia de tiempo en la Comisaría Primera. Poco después fueron indagados por el fiscal José María Guadagnoli, titular del Fuero Fiscal de Responsabilidad Juvenil, y trasladados en horas de la noche a diferentes centros de admisión de menores ubicados en La Plata y en San Martín. El mayor de ellos se encontraría actualmente en el sector de minoridad de la UP3.
La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, dos hechos en concurso real”; se encuadra en los artículos 79, 41 bis y 55 del Código Penal. Apenas unos días después se les dictó la prisión preventiva. Según la medida cautelar, los imputados debían permanecer en una institución de régimen cerrado mientras avanza la investigación.
La causa fue elevada a juicio recientemente. Los menores podrían ser condenados en un procedimiento abreviado. El acuerdo entre partes está siendo evaluado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil. Aunque las propuestas del convenio aún permanecen en reserva, se sabe que este tipo de procedimiento penal permite llegar de forma más rápida a una resolución, sin pasar por un juicio oral público, a cambio de que el imputado reconozca su responsabilidad en el delito. En este acuerdo, el imputado, la fiscalía y la defensa pactan una pena y el hecho que se le imputa, lo cual debe ser luego aprobado por un juez.
Los adolescentes de entre 16 y 18 años son punibles (es decir, que merecen castigo) cuando las penas eventuales superan los dos años. Son juzgados como adultos, pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel común. Hasta ese momento, estos menores, en caso de estar privados de su libertad, deben hacerlo en institutos especializados o centros cerrados.
