Marcha en el Congreso a un año del crimen de Joaquín Ruffo

NewsITe
A un año del crimen de Joaquín Ruffo, familiares, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos convocan para este miércoles 5 de agosto a una marcha frente al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento y la aprobación de la llamada Ley Joaquín, destinada a prevenir y sancionar la violencia vicaria en todo el país.
El caso conmovió a la Argentina: Joaquín fue asesinado por su padre, Alejandro Ruffo, en un hecho que la Justicia encuadró como homicidio triplemente agravado. Según la investigación, el hombre asfixió al niño con una almohada como forma de “mandarle un mensaje” a su ex pareja, Natalia Ciak, que días antes le había pedido el divorcio. El crimen expuso con crudeza un tipo de violencia de género que suele quedar invisibilizado.
La violencia vicaria se define como aquella en la que el agresor busca dañar a una mujer utilizando como medio a sus hijos, hijas u otras personas queridas. Diversas organizaciones advierten que se trata de una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género, ya que el ataque se dirige al vínculo más sensible: la maternidad y la relación con los niños.
Qué propone la Ley Joaquín y por qué reclaman su urgente debate
La movilización frente al Congreso, que también tendrá réplicas en distintos puntos del país, es impulsada por la Red de Madres Víctima de Violencia Vicaria y el colectivo Somos Murallas, entre otros espacios. El objetivo central, explican en un comunicado, es visibilizar estas situaciones y presionar para que el proyecto de Ley Joaquín avance en el Congreso, donde aún no obtuvo un tratamiento de fondo.
Entre los ejes que impulsan las organizaciones se encuentran:
- El reconocimiento explícito de la violencia vicaria dentro de la legislación nacional sobre violencia de género.
- Protocolos específicos para el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los equipos de salud ante señales de riesgo sobre niñas, niños y adolescentes.
- Capacitaciones obligatorias para operadores judiciales y equipos técnicos en perspectiva de género y niñez.
- Medidas de protección reforzadas para madres que denuncian violencia y para sus hijos e hijas.
Desde los colectivos señalan que, en la práctica, muchos juzgados siguen interpretando estos escenarios como simples “conflictos entre adultos” o disputas de familia, sin advertir la dimensión de la violencia y dejando desprotegidos a los menores. Advierten que, en varios casos, las alertas de las madres no son tomadas en serio hasta que se producen hechos irreparables.
El desenlace de Alejandro Ruffo y las críticas al sistema
Tras el crimen de Joaquín, Alejandro Ruffo fue detenido y alojado en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, en La Plata, con prisión preventiva. El 19 de febrero de este año, el hombre de 52 años fue hallado sin vida dentro de su celda. De acuerdo con fuentes penitenciarias, otros internos del Pabellón N°4 alertaron a los guardias al verlo colgado con una sábana atada a la ventana de la celda N°85.
La muerte de Ruffo, que se produjo antes de que hubiera una condena firme, reavivó cuestionamientos sobre el rol del Estado: por un lado, las fallas previas en la protección de Joaquín y de su madre; por otro, las condiciones de detención y la prevención del suicidio en contextos de encierro.
“La violencia vicaria no es un conflicto familiar, es violencia de género extrema que ataca a la maternidad a través de los hijos”, remarcan las organizaciones convocantes al exigir el tratamiento de la Ley Joaquín.
Con la marcha de este aniversario, la familia de Joaquín y los colectivos que los acompañan buscan que su nombre se transforme en una herramienta de cambio legislativo y en un recordatorio de la necesidad de actuar a tiempo ante cada señal de violencia.

