Los profesionales de la salud advierten las consecuencias que podría traer derogar la norma que se aprobó años atrás y que intenta concientizar sobre la alimentación.
El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, tal como se conoce a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. El Poder Ejecutivo argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.
El Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Colegio Profesional de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que junta firmas contra la derogación de la ley de “etiquetado frontal”. Desde la entidad, argumentan que “lo que está en riesgo no es solo el etiquetado frontal, sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”.
Postura que se replica en los profesionales del sector en San Nicolás, quienes advierten sobre las consecuencias negativas que tendría el avance del proyecto del oficialismo nacional. “De avanzar la derogación de la ley de etiquetado frontal, traerá aparejada una vulneración de los derechos de la población, tanto del derecho del consumidor a tener conocimiento de lo que compra como el derecho a la salud”, apuntó la nutricionista Laura Sansalone, quien se desempeña desde hace años en el ámbito público y privado.
Recordó que “Argentina tiene una ley que establece la alimentación saludable como derecho de todos, lo cual sería totalmente vulnerado en caso de ser derogada”.
Por su parte, la nutricionista Camila Dalceggio señaló que “se va a perjudicar el derecho que tenemos a la información sobre los alimentos o productos de consumo ultraprocesados. Considerando, además, que nuestro país tiene un índice muy alto de obesidad infantil, esto preocupa y mucho”. “De alguna manera se está poniendo a las grandes empresas por encima del derecho a la salud y a la información”, dijo.
Exposición a enfermedades
Desde el sector advierten que este retroceso aumenta la exposición a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. “En definitiva, se pierde la capacidad estatal de enfrentar el creciente consumo de ultraprocesados y proteger el derecho a una alimentación adecuada”, sostuvo la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, Laura Salzman, y sumó que “la decisión va en línea con una mirada ideológica, que prioriza el libre comercio y la eliminación de barreras por encima del derecho a la salud”.
La citada ley fue sancionada en 2021 y reglamentada en 2022, con una activa participación de los profesionales de la nutrición. Posteriormente, el mismo sector observó los efectos benéficos de la ley en la población y lo recogió en estadísticas e informes.
Entre los principales argumentos en defensa de la ley PAS, el documento sostiene que “Argentina se encuentra entre los países con mayores cifras de sobrepeso en menores de cinco años (12,6 por ciento) y de obesidad en adultos en la región, la cual supera el 25 por ciento. En este sentido, resulta preocupante el patrón de consumo de alimentos caracterizado por un alto aporte de productos ultraprocesados: se ha demostrado que en niños, niñas y adolescentes más de un 35 por ciento de las calorías diarias provienen de estos productos y un 29 por ciento en la población adulta”.
