El proyecto propone un registro obligatorio para gestores de intereses, exige documentar reuniones con funcionarios y prevé multas, inhabilitaciones y penas de prisión ante incumplimientos.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a regular y transparentar la actividad de lobby —definida en el texto oficial como “gestión de intereses”— ante el Gobierno nacional y el Congreso. La propuesta busca ordenar las negociaciones que empresas, cámaras empresarias, organizaciones y consultoras realizan frente a funcionarios para influir sobre normas, licitaciones y decisiones públicas.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Oliva. La iniciativa ingresó formalmente este lunes a Diputados y será girada a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
La propuesta forma parte de la agenda oficial vinculada a la transparencia y apunta a dejar registrado quién solicita una gestión, ante qué autoridad y con qué finalidad.
Qué entiende el proyecto por “gestión de intereses”
El texto define la gestión de intereses como toda acción de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas para influir en decisiones públicas.
La definición abarca intervenciones destinadas a promover, modificar, postergar, rechazar o evaluar medidas estatales.
Dentro de ese alcance aparecen desde proyectos legislativos y decretos hasta licitaciones, concesiones, permisos, beneficios fiscales o adjudicaciones vinculadas con el Estado.
Las actividades periodísticas y de difusión general quedan expresamente excluidas, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública específica.
Registro obligatorio para empresas y gestores
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Registro Público de Gestiones de Intereses.
La iniciativa establece que toda persona o empresa que pretenda realizar gestiones ante organismos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo deberá inscribirse previamente. Sin esa registración, no podrán desarrollarse reuniones formales de lobby.
Las gestiones alcanzadas incluyen negociaciones relacionadas con leyes, decretos y políticas públicas, así como contrataciones estatales, concesiones, licencias, subsidios, transferencias, beneficios impositivos y modificaciones presupuestarias.
Para incorporarse al registro, las empresas deberán presentar su estatuto, acreditar que su objeto social resulta compatible con la representación o defensa de intereses propios o de terceros e identificar a clientes o beneficiarios cuando corresponda.
Además, los gestores estarán obligados a presentar informes trimestrales detallando las actuaciones realizadas.
Funcionarios deberán registrar audiencias y contactos
El proyecto también impone obligaciones para funcionarios y autoridades públicas.
El registro de audiencias alcanzará al presidente y la vicepresidenta, ministros, secretarios, autoridades con capacidad decisoria dentro de la administración pública y funcionarios de rango no inferior a director.
La medida incluye además a diputados, senadores, autoridades administrativas del Congreso y asesores que participen en contactos vinculados con gestión de intereses.
Cada audiencia deberá consignar fecha, horario, modalidad del encuentro, dependencia oficial involucrada y beneficiario o cliente representado. El texto exige además incorporar una síntesis clara de los asuntos abordados durante la reunión.
Incluso cuando las gestiones involucren información reservada, el contacto deberá registrarse indicando el fundamento legal que justifica la confidencialidad. Los gestores extranjeros, por su parte, tendrán la obligación de declarar esa condición tanto en el registro como en cada gestión realizada.
Restricciones y sanciones previstas
La iniciativa incorpora restricciones para prevenir conflictos de interés. Los exfuncionarios no podrán desempeñarse como gestores de intereses hasta transcurridos dos años desde el final de su mandato o función pública. El proyecto también contempla un régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones.
Las penas previstas van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de gestión de intereses.
En los casos considerados más graves, como la representación clandestina de intereses extranjeros, la propuesta prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años, además de inhabilitación especial por un plazo equivalente al doble de la condena.
Con este esquema, el Gobierno busca establecer un marco regulatorio para una práctica extendida dentro de la actividad política y económica, incorporando mecanismos de control y publicidad sobre los vínculos entre gestores privados y funcionarios públicos.
