El Gobierno boliviano reconoció un fallecido en medio del conflicto social
NewsITe
El Gobierno de Bolivia reconoció la muerte de un manifestante de 24 años en el marco de las intensas protestas que desde hace tres semanas mantienen bloqueada la ciudad de La Paz, sede de los poderes del Estado. La confirmación oficial contrasta con la postura de las autoridades un día antes, cuando se había negado públicamente la existencia de víctimas fatales.
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Según reconstruyen medios internacionales, entre ellos el diario español El País, el fallecimiento se produjo el sábado durante un operativo conjunto de fuerzas policiales y militares que buscaba liberar los accesos a la capital administrativa. Los bloqueos forman parte de las medidas de presión impulsadas por sectores opositores que exigen la renuncia del presidente y la convocatoria a nuevas instancias de diálogo político.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ofreció las primeras explicaciones oficiales tras conocerse el acta de defunción del joven. “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, señaló el funcionario, en una declaración que marcó un giro respecto de la negativa inicial sobre la existencia de muertos en las protestas.
De acuerdo con el documento médico, la causa de muerte fue un “proyectil de arma de fuego”, lo que abrió interrogantes sobre el accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en el operativo. La presencia conjunta de policías y militares en tareas de control interno ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de un uso desproporcionado de la fuerza en escenarios de protesta social.
Investigación y responsabilidad por el uso de la fuerza
Frente a las sospechas sobre cómo se produjo el disparo, Gálvez remarcó que las unidades antidisturbios cuentan con la orden expresa de no emplear armas de fuego ni balines de goma durante los operativos de dispersión. El vocero aseguró que se abrirá una investigación para determinar responsabilidades individuales y deslindar el papel de las fuerzas estatales.
“Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, afirmó el portavoz presidencial, en alusión a que el hecho no quedará impune. La declaración apunta tanto a dar señales de control político sobre las fuerzas de seguridad como a contener las críticas internas y externas por la escalada de violencia.
- Las protestas mantienen bloqueados varios accesos a La Paz desde hace tres semanas.
- La oposición reclama la renuncia del presidente y una salida política a la crisis.
- Organismos de derechos humanos piden garantías para el derecho a la protesta.
“Nadie está por encima de la ley”, advirtió el vocero presidencial José Luis Gálvez al referirse a la muerte del manifestante de 24 años.
Mientras continúan las movilizaciones y los cortes, el fallecimiento del joven se convierte en un punto de inflexión para la crisis boliviana. Sectores sociales y organismos internacionales reclaman una investigación independiente, garantías para la labor de la prensa y un llamado urgente al diálogo político que permita descomprimir la tensión en las calles y evitar nuevas víctimas.
