El juez ordenó al Ministerio de Salud una nueva cama para Rudnev

El caso Rudnev vuelve a tensionar al sistema de salud federal

Konstantin Rudnev, ciudadano ruso imputado por trata, en el centro de una disputa judicial y sanitaria

NewsITe

La Justicia Federal de Bariloche rechazó un nuevo planteo de la defensa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado por presunta trata de personas, y ratificó la orden de disponer otra internación en un hospital público de alta complejidad. Al mismo tiempo, instruyó al Ministerio de Salud de la Nación para que garantice una cama disponible en el sistema público, en un contexto de fuertes limitaciones de infraestructura.

El juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla desestimó el pedido del abogado defensor Martín Luis Sarubbi, quien había solicitado suspender el nuevo traslado hasta que el Cuerpo Médico Forense (CMF) evaluara en detalle los estudios realizados en la Clínica Monte Grande, en el conurbano bonaerense. Esa documentación fue incorporada al expediente, pero el magistrado consideró que no modificaba los fundamentos de su resolución del 29 de octubre, que quedó firme al no haber sido apelada en tiempo y forma.

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Lejos de dar marcha atrás, Gómez Constenla ratificó la necesidad de una evaluación hospitalaria integral en un establecimiento público de alta complejidad, conforme a las indicaciones del CMF. La decisión se da en medio de las dificultades concretas para conseguir un lugar: el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas, informó que no podía recibir al paciente por falta de camas, restricciones operativas y problemas para garantizar la custodia policial y ciertos estudios neurológicos.

Frente a ese escenario, el juez ordenó al Ministerio de Salud de la Nación arbitrar los medios necesarios para conseguir una plaza en otro hospital público. La familia de Rudnev cuestionó la medida y entiende que se insiste en una nueva internación pese a que, según su versión, ya se realizaron numerosos estudios y el imputado se encuentra bajo tratamiento y seguimiento de especialistas.

El cuadro clínico y las objeciones de la defensa

En el expediente constan informes que describen un cuadro de salud complejo. Un estudio de poligrafía respiratoria nocturna realizado el 30 de octubre registró una saturación promedio de oxígeno del 89% y un mínimo del 78%, con más de tres cuartas partes del tiempo con niveles por debajo del 90%. El informe habla de “hipoxemia nocturna severa” y sospecha de hipoventilación alveolar, lo que requiere estudios complementarios.

Los reportes neumonológicos mencionan enfisema centrolobulillar bilateral, alteraciones ventilatorias graves y debilidad muscular generalizada. El 4 de noviembre se indicó un equipo domiciliario BiPAP para asistencia respiratoria no invasiva, y los especialistas atribuyeron los problemas respiratorios a un origen multifactorial, vinculado con el enfisema y el compromiso neuromuscular.

En paralelo, la documentación neurológica aporta el diagnóstico de una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, una enfermedad autoinmune que afecta los nervios periféricos y provoca pérdida progresiva de fuerza y autonomía. Tres neurólogos tratantes y un especialista del Cuerpo Médico Forense coincidieron, según la familia, en que Rudnev depende de terceros para actividades básicas y no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en una cárcel.

Cardiopatía, falta de camas y tensión procesal

Los estudios cardiológicos agravan el panorama: un informe del 3 de noviembre confirmó hipertensión arterial persistente y cardiopatía hipertensiva con daño cardíaco crónico y alteraciones estructurales. Rudnev fue internado el 29 de octubre tras registrar una presión de hasta 210/120. La historia clínica indica que, si bien respondió inicialmente al tratamiento, continuó con episodios de presión elevada que obligan a un control estricto y ajuste de la medicación.

La defensa remarcó que se intentó conseguir cama en los hospitales Fernández, Italiano y Británico sin éxito, y recordó que el hospital de Cañuelas también rechazó su ingreso. Según el abogado Sarubbi, las dificultades para obtener una plaza no dependen de la voluntad del imputado, y la familia ofreció alternativas privadas para cumplir con las indicaciones médicas y judiciales.

En declaraciones a la prensa, la esposa de Rudnev, Tamara Rudneva, volvió a cuestionar la decisión del juzgado. Sostuvo que los estudios realizados en Monte Grande “cumplen con lo solicitado por el Cuerpo Médico Forense” y que el magistrado no ordenó de manera expresa remitir la documentación completa al organismo para un nuevo análisis pericial antes de exigir otra internación. Para la defensa, esa consulta permitiría determinar si existe o no una necesidad médica concreta de repetir el procedimiento.

“El CMF ya había concluido que Konstantin no está en condiciones de permanecer en una cárcel por su estado de salud. En ese punto, su conclusión coincide con la de los médicos tratantes”, subrayó Rudneva, al tiempo que puso en duda la independencia con la que el juez de garantías evalúa los planteos de la Fiscalía y de la defensa.

La controversia sanitaria se suma a las críticas por la situación de Elena Makarova, identificada como presunta víctima en la causa, quien –de acuerdo con la versión de la familia– viene reclamando declarar nuevamente sin que el juzgado haga lugar a ese pedido. En este contexto, el caso Rudnev expone, una vez más, la tensión entre las decisiones judiciales, las garantías procesales y las limitaciones del sistema de salud público para responder a cuadros de alta complejidad.

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