Súper RIGI: el nuevo intento oficial por seducir a las mega inversiones
NewsITe
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que crea el Súper RIGI, un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La iniciativa apunta a captar capitales de gran escala para actividades de frontera tecnológica que hoy casi no tienen desarrollo local, como la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada y la producción de semiconductores.
A diferencia del esquema previsto en la Ley 27.742, este régimen se focaliza exclusivamente en proyectos de vanguardia y fija un umbral mínimo de inversión de US$ 1.000 millones por proyecto. Al menos el 20% de ese monto deberá ejecutarse en los primeros dos años, lo que busca asegurar un rápido desembolso de fondos y la puesta en marcha efectiva de las iniciativas.
Para acceder al régimen, las empresas deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura jurídica con objeto exclusivo y con activos afectados solamente a la actividad promovida. Este VPU será el receptor de los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros contemplados por la norma.
Beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros del Súper RIGI
El corazón del proyecto está en una carga tributaria reducida y estable para quienes se adhieran. El diseño apunta a equiparar las condiciones con otros polos globales de inversión, ofreciendo un marco de previsibilidad poco frecuente en la economía argentina.
- Impuesto a las Ganancias: alícuota fija del 15% para las sociedades acogidas al régimen, junto con un esquema de amortización acelerada de las inversiones.
- Dividendos: tributarán al 7% y, una vez cumplidos cuatro años de permanencia en el régimen, la tasa se reducirá a 3,5%.
- IVA: se crearán Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el IVA facturado por los proveedores vinculados a las inversiones.
- Aduana: exención total de derechos de importación para bienes de capital, así como de derechos de exportación para los productos generados en los proyectos adheridos.
- Divisas: el esquema prevé una disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero.
- Ingresos de capital: no habrá obligación de liquidar en el mercado oficial las divisas provenientes de aportes de capital o de financiamientos externos.
En materia de seguridad social, el proyecto propone una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales correspondientes a nuevas relaciones laborales vinculadas al régimen. El objetivo oficial es favorecer la creación de empleo formal asociado a estas industrias de alto contenido tecnológico.
Adhesión de provincias, estabilidad por 30 años y arbitraje internacional
Uno de los puntos sensibles del Súper RIGI es que el acceso efectivo a todos los beneficios quedará atado a la adhesión expresa de las provincias y los municipios donde se radiquen los proyectos. Esas jurisdicciones deberán comprometerse a no crear nuevos tributos locales que afecten a las inversiones amparadas por el régimen, condición que abre un debate político y fiscal en el interior del país.
El proyecto también incorpora un componente clave para los inversores: la estabilidad normativa por 30 años. Durante ese lapso, los beneficios contemplados no podrán ser recortados por leyes posteriores más gravosas, lo que busca blindar la rentabilidad de largo plazo y reducir la incertidumbre regulatoria.
Además, se garantiza el acceso al arbitraje internacional para resolver controversias con el Estado Nacional. Las empresas podrán recurrir a organismos como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), y los derechos derivados del régimen serán considerados como inversiones protegidas por tratados bilaterales.
El plazo para adherir al Súper RIGI será de cinco años desde su entrada en vigencia, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional, de acuerdo con el texto enviado al Congreso.
Con este paquete, el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino competitivo para grandes proyectos en sectores estratégicos y emergentes. El debate legislativo definirá ahora si el país avanza o no en esta nueva apuesta por las mega inversiones.
