Un análisis de 17 estudios en diez países iberoamericanos –entre ellos la Argentina– recoge que el costo de la violencia puede alcanzar hasta el 5% del PIB, y que las mujeres y sus hogares asumen entre el 44% y el 50% de ese importe. El mayor desafío metodológico que identifica el documento es la magnitud del subregistro. Las estimaciones de los estudios revisados sugieren que entre el 87% y el 95% de los casos de violencia de pareja no llegan a los registros formales.
De la Redacción de EL NORTE
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La Segib, la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron esta semana el informe “Medir para transformar: el costo de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, la primera sistematización regional de metodologías de costeo de la violencia contra las mujeres en el espacio iberoamericano.
El estudio, financiado por la Aecid, analiza 17 estudios producidos entre 2004 y 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. A partir de esos datos, muestra que la violencia contra las mujeres no solo constituye una grave vulneración de los derechos humanos, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. En algunos de esos países, la violencia contra las mujeres puede alcanzar hasta el 5% del PIB (según los estudios de Paraguay y Ecuador).
“Medir es visibilizar y dotarnos de herramientas para impulsar políticas públicas eficaces. Invertir en igualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino una apuesta estratégica que genera beneficios sociales y también económicos”, señaló la presidenta de la IIPEVCM, Carmen Martínez, durante la presentación del informe. Lorena Larios, secretaria de Cooperación de la Segib, apuntó: “Con datos consolidados, como los que presentamos en este estudio, podemos decirles a los gobiernos que invertir en prevención es hacerlo en bienestar y en derechos humanos”.
La autora del informe, Celina Santellán, economista y experta en género, reiteró la importancia de ampliar la mirada al medir y buscar soluciones para combatir la violencia de género de una forma integral. En ese sentido, Telma Ortiz, asesora sénior en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, subrayó la importancia que supone para un banco de desarrollo encarar trabajos como el presentado porque así se permite abordar la violencia desde una perspectiva global, entendiendo también su impacto en el desarrollo y en las sociedades.
LO QUE LOS DATOS NO MUESTRAN
El mayor desafío metodológico que identifica el documento es la magnitud del subregistro. Las estimaciones de los estudios revisados sugieren que entre el 87% y el 95% de los casos de violencia de pareja no llegan a los registros formales.
En México, por ejemplo, solo el 13,6% de los casos llegan a denuncia formal (Conavim, 2016). En Ecuador, las denuncias representan apenas el 5% de los casos reales (Vara Horna, 2020). Esto significa que todas las estimaciones de costos disponibles son necesariamente conservadoras y que el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas.
El documento también advierte sobre las brechas persistentes en materia de información interseccional. La mayoría de los estudios no logran desagregar suficientemente los impactos según la edad, la discapacidad, la condición migratoria, pertenencia étnico-racial o la situación socioeconómica, lo que limita la capacidad de diseñar respuestas públicas más focalizadas y equitativas.
MUJERES Y HOGARES: 44-50% DEL COSTO TOTAL
Según los informes de Paraguay y Ecuador, las mujeres y sus hogares son el actor que mayor carga asume de ese costo de la violencia: entre el 44% y el 50% recae sobre ellas. Ese porcentaje se materializa en gastos de salud y justicia, pérdida de ingresos personales, descapitalización de microempresas y, de forma menos visible pero igualmente documentada, en la pérdida de días de clase de hijas e hijos.
Por otra parte, el informe señala en materia de empleo que las pérdidas de productividad no provienen principalmente de las ausencias laborales, sino del menor rendimiento de las trabajadoras que acuden a su puesto mientras enfrentan situaciones de violencia. Este factor, el presentismo, puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas.
A ello se suman los costos de rotación de personal y el tiempo que otras personas del entorno laboral destinan a asistir a colegas en situación de violencia, una variable que ningún estudio ha cuantificado de forma sistemática hasta la fecha. La estimación empresarial es, por tanto, menor a la realidad.
“LA PREVENCIÓN CUESTA MENOS”
Asimismo, el Estado solo asume entre el 11% y el 13% del costo total que supone la violencia contra las mujeres y destina ese gasto casi íntegramente a la respuesta reactiva. Según el estudio, pese a tener mayor capacidad para actuar en prevención, asume la menor proporción del costo en los países con datos disponibles. Su gasto se concentra en servicios de salud, justicia y seguridad para atender la violencia una vez ocurrida. Los documentos analizados son contundentes: la prevención costaría menos. El documento también señala que invertir en prevención no solo protege derechos y salva vidas, sino que también reduce costos futuros para los sistemas públicos y las economías nacionales.
La publicación concluye con una serie de recomendaciones orientadas a gobiernos, organismos internacionales y equipos técnicos para mejorar la calidad, comparabilidad y utilidad política de los estudios de costeo en la región. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, incorporar el impacto del trabajo de cuidados no remunerado, mejorar la interoperabilidad de los registros administrativos y vincular de forma más directa las estimaciones económicas con la planificación presupuestaria y las políticas de prevención.
