Cuatro policías de Tucumán irán a juicio por un secuestro en un country
El Juzgado Federal N°1 de Tucumán elevó a juicio la causa contra cuatro integrantes de la policía provincial acusados de haber secuestrado y extorsionado a un joven de 28 años dentro de un barrio privado de la capital tucumana a comienzos de 2024. La investigación determinó que la víctima fue captada con el pretexto de una operación de compra de cannabis y luego sometida a violencia física y psicológica en una sede policial, mientras sus familiares eran presionados para pagar un rescate.
De acuerdo con la acusación, los imputados son el comisario Gustavo Ezequiel Morales (51), jefe de la Zona III de la Unidad Regional Norte, y los efectivos Ángel Sebastián Gómez (38, oficial principal), Sergio Daniel Díaz (49, cabo primero) y Franco Javier Jiménez (39, agente). Todos pertenecen a la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital. También se investiga a un civil, actualmente procesado y con su situación en revisión, por su presunta participación en el hecho.
La fiscalía, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, sostuvo que el 23 de febrero de 2024 el grupo irrumpió en el domicilio de la víctima, ubicado en el country “Portal del Parque”. Allí habrían concretado la maniobra que se había iniciado horas antes en un grupo de Telegram denominado “Flores Tucumán”, donde un supuesto comprador mostró interés en adquirir 20 gramos de cannabis. Tras coordinar por WhatsApp, acordaron concretar la entrega en la vivienda del joven.
Según el testimonio de la víctima, cerca de las 22.30 llegaron cuatro hombres en un auto gris. Uno de ellos ingresó al domicilio, se hizo pasar por comprador y, con la excusa de completar el pago en el exterior, lo llevó hacia la calle. Afuera, el resto del grupo intentó reducirlo invocando ser personal policial. En el forcejeo, el joven perdió su teléfono celular y finalmente fue obligado a subir a un Renault Megane que pertenecería a Díaz.
Golpizas, fotos humillantes y un rescate en la comisaría
Los investigadores reconstruyeron que el joven fue trasladado a la jefatura de Zona III, donde habría sido golpeado, obligado a desnudarse y fotografiado mientras padecía agresiones físicas y amenazas. En paralelo, parte del grupo habría regresado al barrio privado para localizar a los familiares de la víctima. Primero se contactaron con un hermano, a quien pidieron un número de teléfono para seguir dando instrucciones.
A través de llamadas, que finalmente atendió la madre del joven, los presuntos secuestradores exigieron dinero a cambio de la liberación. Según la acusación, le advirtieron que tenían elementos para vincular a su hijo con maniobras de narcotráfico, pero que lo dejarían en libertad si accedía al pago. La mujer fue citada a la dependencia policial, donde pudo ver a su hijo retenido y dialogar con quienes lo tenían cautivo.
Durante la madrugada del 24 de febrero, la madre entregó la suma acordada de 240 mil pesos en la jefatura. Luego de concretado el pago, abandonó el lugar junto a su hijo. Horas más tarde, la víctima declaró ante la Justicia federal y detalló el modo en que fue captado mediante engaño, reducido violentamente en la puerta de su casa y mantenido cautivo en una sede policial bajo la apariencia de un procedimiento legal.
Una causa emblemática por abuso de poder policial
Para la fiscalía, el caso exhibe un presunto uso del aparato policial para fines delictivos, en el que los acusados habrían actuado de forma coordinada y con funciones bien distribuidas. La calificación legal es la de secuestro extorsivo agravado, tanto por la intervención de tres o más personas como por el cobro del rescate y la condición de funcionarios públicos de los imputados.
- Captación de la víctima a través de redes y mensajería encriptada.
- Ingreso al country y privación ilegítima de la libertad.
- Traslado a una dependencia policial y agresiones físicas y psicológicas.
- Exigencia de un rescate de 240 mil pesos a la familia.
- Investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán.
Con la elevación de la causa a juicio, será ahora un tribunal federal el que deberá valorar las pruebas reunidas y determinar la responsabilidad penal de los acusados. El expediente se suma a otros procesos que ponen bajo la lupa prácticas de corrupción y abuso de poder dentro de fuerzas de seguridad provinciales, y vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de controles internos eficaces y mecanismos de denuncia accesibles para la ciudadanía.
