Destitución de los fiscales y críticas al desempeño en el caso.
El jury de enjuiciamiento de Córdoba dio a conocer este miércoles los fundamentos de la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, removidos por su actuación en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. La presidenta del tribunal, Julieta Rinaldi, sostuvo que existió “mal desempeño y negligencia grave” a lo largo de casi dos décadas de pesquisa.
Rinaldi explicó que el Jurado analizó en detalle cada una de las causales imputadas a los funcionarios. “Evaluamos minuciosamente esas causales y creemos que sí: hubo vasta prueba, no solo en la causa principal, sino también en el expediente específico del jury”, señaló al repasar el material reunido durante las audiencias, en las que declararon más de 30 testigos entre peritos, policías, funcionarios judiciales y allegados a la víctima.
Según los fundamentos difundidos, los fiscales habrían desatendido líneas de investigación consideradas relevantes y demoraron injustificadamente el avance del expediente. Para el tribunal, hubo fallas desde el inicio mismo de la causa: “Hubo negligencia grave y mal desempeño desde el primer momento. No se llegaron a investigar todas las hipótesis que había que investigar”, remarcó Rinaldi.
Uno de los puntos centrales del fallo tiene que ver con el rumbo que tomó la pesquisa. De acuerdo con el jury, Di Santo, Miralles y Pizarro concentraron sus esfuerzos en la familia Macarrón —el esposo de Nora, Marcelo, y su hijo mayor, Gastón— aun cuando ya existían informes periciales que sugerían profundizar otra pista. Entre esos estudios se mencionan análisis del Ceprocor y del FBI que recomendaban indagar la llamada “línea de los trabajadores”, que tenía como principal sospechoso al jardinero Roberto Bárzola.
El rol de las pericias y las críticas del Ministerio Público
Durante las audiencias de enjuiciamiento, la fiscal general adjunta, Betina Croppi, presentó la acusación contra los tres funcionarios y detalló los episodios que, a su criterio, configuraron incumplimientos graves de sus deberes. Croppi cuestionó que se haya insistido en hipótesis que apuntaban a la intimidad de Dalmasso y al entorno familiar, mientras se minimizaban los elementos objetivos que señalaban a Bárzola, cuyo ADN fue detectado en prendas de la víctima.
“El principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada”, afirmó la fiscal adjunta, al describir la conducta de los entonces instructores del expediente. En su exposición, también criticó el énfasis puesto en la teoría de un supuesto “amante asesino”, una línea de investigación que, según el jury, desvió la mirada de evidencias más sólidas y contribuyó a demorar el esclarecimiento del crimen.
El Jurado de Enjuiciamiento, que sesionó en la Legislatura provincial, ya había resuelto la destitución de Di Santo, Miralles y Pizarro el pasado 6 de marzo. La lectura de los fundamentos viene a completar ese fallo y abre ahora la posibilidad de nuevas instancias de revisión, ya que las defensas de los tres exfiscales analizan si apelarán la decisión ante los ámbitos correspondientes del Ministerio Público Fiscal.
Un caso emblemático aún sin condena
El asesinato de Nora Dalmasso, cometido el 25 de noviembre de 2006 en su vivienda del barrio Villa Golf de Río Cuarto, se convirtió con el paso de los años en uno de los expedientes criminales más resonantes del país. A pesar de la exposición mediática, de las pericias sucesivas y de varios cambios de rumbo en la investigación, la Justicia todavía no logró establecer de manera firme quién fue el responsable del crimen.
En distintas etapas del proceso, el viudo, Marcelo Macarrón, y su hijo mayor, Gastón, quedaron bajo la lupa judicial, aunque ninguno resultó condenado. La atención ahora se concentra en las consecuencias institucionales que puede tener el fallo del jury: además de marcar la salida de escena de tres fiscales, el caso vuelve a poner en debate la necesidad de investigaciones más ágiles, con perspectiva de derechos y basadas en evidencia científica para evitar dilaciones de años en causas de alto impacto social.
Mientras los familiares de la víctima siguen reclamando justicia y el expediente continúa sin un responsable condenado, la resolución del tribunal cordobés se inscribe como un llamado de atención al funcionamiento del sistema penal provincial y reaviva el debate sobre cómo se investigan los femicidios y crímenes complejos en la Argentina.
